El accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, el 18 de enero ha costado la vida a 45 personas, 31 están hospitalizados y 6 en la UCI; puede que la cifra de víctimas aumente en los próximos días. El tren que descarriló, un Iryo, pertenece a la empresa ILSA, un consorcio empresarial privado que accedió a la red pública de ferrocarriles en 2022 con la llamada “liberalización” del servicio, es decir con la privatización de los ferrocarriles en España. El descarrilamiento de los últimos vagones de este tren provocó la colisión con el tren ALVIA, de RENFE, con el desastre conocido. RENFE sigue siendo estatal pero funciona como una empresa privada en competencia con el resto de empresas como OUIGO, filial de la Renfe francesa. Por otra parte el transportes de mercancías también está privatizado.
Dos días más tarde un tren de Rodalies, la red ferroviaria de cercanías de Cataluña, descarrila entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Barcelona). Chocó contra un muro de contención que había caído sobre la vía, por las fuertes lluvias de los últimos días: el maquinista resultó muerto y 37 personas heridas, una de ellas de gravedad. Por si estos dos accidentes fueran poco, a la hora en que escribimos se está conociendo un nuevo accidente ferroviario, al chocar un tren de pasajeros de la línea Cartagena-Los Nietos, contra una grúa, dejando varios heridos, esta vez de poca gravedad, según parece.
Esta situación de deterioro del servicio ferroviario viene ya de lejos. Por ejemplo este verano pasado ha estado plagado de incidentes: bajada en niveles de puntualidad, averías, descarrilamientos…
En un artículo en el periódico “EL País” de octubre pasado titulaba “Trenes en riesgo de vía muerta” y explicaba la falta de mantenimiento de la red ante el aumento de pasajeros y de la alta velocidad y cercanías, avisando de que ante el aumento de pasajeros -de 25 millones a 50 actualmente- se requeriría hoy una inversión de 25.000 millones de euros para su modernización.
Desde 1992 hasta hoy se han invertido 65.000 millones de euros, una inversión pública importante, pero como todos los expertos dicen, insuficiente para el número de pasajeros y transporte de mercancías. Para que tengamos una perspectiva comparativa, el 2% anual del PIB en Defensa para 2025 serán más de 32.700 millones. ¡Sólo en un año se gastará la mitad de lo invertido en 33 años en la red ferroviaria!
Desde la privatización-liberalización ferroviaria, el número de pasajeros tanto en la red de cercanías como en la alta velocidad se ha triplicado. Solo la red de cercanías mueve a más de 600 millones de pasajeros al año. Para Rafael Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario, “que no se haya aumentado el gasto en mantenimiento tras la liberalización puede ser una de las causas tras los problemas a la hora de garantizar la calidad de los servicios ferroviarios”.
Y de estos barros estos lodos. La privatización supone la entrada de empresas capitalistas que buscan su beneficio y no el bien común. Aumentar el número de pasajeros bajando los precios de los billetes estaría bien si estas empresas, con Renfe a la cabeza, invirtieran en las infraestructuras necesarias para tal envergadura de trenes y pasajeros. Pero la prioridad son los beneficios y para ello el Estado tendría que apoquinar el dinero suficiente para que estas empresas tengan beneficios sin pagar un duro en infraestructuras. Es decir, los beneficios tienen que salir del trabajo de todos y de los impuestos que mayoritariamente pagan los trabajadores.
Ahora la derecha culpará al gobierno del desastre y de la falta de infraestructuras, de inversiones etc., pero tenemos que decir claramente que la inversión en los servicios públicos por parte del Estado y del dinero público choca con la necesidad de los capitalistas de obtener beneficios a costa del mundo del trabajo. Cuando el techo de gasto público llega a su límite, el Estado privatiza y le da a la empresa privada el negocio; esto pasa con gobiernos de derechas y también de izquierdas. Lo vemos claramente con la sanidad, educación, con los servicios municipales, con la energía… etc.
El deterioro generalizado de la sociedad y de los servicios públicos son una consecuencia de los límites del capitalismo en su crecimiento. Este sistema necesita dinero y beneficios a toda costa y solo puede extraerlos de la plusvalía sacada del mundo del trabajo. Esto se hace directamente en la producción o indirectamente a través de los impuestos, que los grandes capitales evaden y que la sociedad paga a través del IVA, o los impuestos a los trabajadores. Así mientras la sociedad necesita viviendas, educación, sanidad y servicios públicos dignos para todos y todas, el Estado y sus gobiernos gestionan la sociedad para beneficio de una minoría de capitalistas que dominan el mundo pagando por ejemplo sumas cuantiosas en subvenciones o compra de armas a las grandes empresas.
En definitiva, el accidente ferroviario de Adamuz, los cribados de cáncer en la sanidad andaluza, los apagones eléctricos etc., está en relación con la necesidad del sistema capitalista de mantener sus beneficios. De ahí también las guerras, el imperialismo y las crisis humanitarias. No solo es un problema de gestión de gobiernos o de elecciones democráticas para cambiar a los políticos. Es el problema de un sistema económico que ha llegado a sus límites y que provoca la muerte de inocentes. Solo queda la alternativa de socialismo o barbarie.