El pasado 13 de Octubre, la manifestación en Madrid por la vivienda, sorprendió a muchos dada su amplitud, y sobre todo, por la gran participación de jóvenes; según los organizadores, 150.000 personas desfilaron al compás del tintineo de las llaves en alto, reivindicando el derecho a una vivienda digna, denunciando la creciente especulación inmobiliaria y recordando que la vivienda es un derecho universal, no un negocio. Pero no solo en Madrid, por casi toda la geografía española, se vienen sucediendo manifestaciones que están creando conciencia de que problema de la vivienda no es una situación personal de la cual avergonzarse. A pesar de las medidas que se exigen no se puede ocultar la verdad: hay que decir alto y claro que el problema de la vivienda no va a desaparecer mientras no desaparezca de la sociedad la avidez del negocio, el beneficio de una minoría sobre la mayoría.
¿Qué ocurre con la vivienda?
La vivienda se encarece a un ritmo insostenible mientras los salarios han ido decayendo, a la vez que la inflación golpeaba fuerte a la mayoría de la población. De hecho, la vivienda ha alcanzado su precio más elevado desde 2009, sobre todo en aquellas ciudades donde la turistificación a mansalva campa a sus anchas; se puede decir que el precio medio del alquiler en España se come un 40% del salario mínimo interprofesional, porcentaje que se dispara hasta un 80% e incluso 100% en algunas ciudades, como Madrid. El número de españoles que viven en régimen de alquiler ha crecido un 57% desde la última crisis inmobiliaria, hasta alcanzar los 9 millones de personas.
El problema es tal que hasta el Banco de España lo reconoce: “…El mercado del alquiler ha crecido en la última década en unos 1,3 millones de viviendas hasta sumar un parque total de 3,6 millones de inmuebles a cierre de 2023… Sin embargo, la oferta de alquiler aumenta a una velocidad insuficiente, y eso ha llevado a un incremento de los precios desde 2015, que ha sido especialmente intenso en las grandes zonas urbanas… Casi el 40% de los hogares en alquiler están en situación de sobre esfuerzo”.
El periodista Antonio Pérez Lobato en recientes declaraciones en la “Sexta Xplica” expone que en España, «hay 20 millones de viviendas», pero «solo hay 3,6 millones que estén en alquiler ahora mismo». «Estamos hablando que las 300.000 destinadas a pisos turísticos supone un 10% de las viviendas en alquiler», evidencia. Respecto a las viviendas que están en propiedad, el periodista informa de que, «según el catastro, de las viviendas registradas desde 2015, una de cada tres es de grandes propietarios». Pero en Madrid este dato empeora y «aumenta hasta el 60%»; y, en el caso de Málaga, “supone un 54%».
En 2023, 6 de cada 10 viviendas se vendieron al contado ¿Qué quiere esto decir? Pues que no son familias trabajadoras las que las compraron, ya que normalmente estas tienen que recurrir a una hipoteca para poder hacerlo. La mayoría de las compras de viviendas en la actualidad las hacen fondos buitres, pues son activos de inversión. Luego, alquilar por habitaciones o para el turismo es más rentable de momento, que construir pisos con precios acordes a los sueldos, es decir, a bajo coste; esto no es rentable y se necesitaría para ello inversiones públicas más osadas y permanentes, porque la vivienda bajo la sociedad actual capitalista es una mercancía más, ni más ni menos que el aceite o el pan. Por ello, la crisis de la vivienda en la sociedad capitalista es una crisis permanente.
Ley de la vivienda del gobierno de progreso, ¿de qué ha servido?
La ley de vivienda entró en vigor el 26 de mayo de 2023, salvo en lo referente a los cambios en los incentivos fiscales en IRPF para el arrendador de vivienda, que lo hizo el 1 de enero de 2024. Incluía puntos como: definición de grandes tenedores, ampliación del concepto de zona tensionada, límite a la actualización anual del alquiler. Regulación del precio del alquiler en zonas tensionadas. Nueva prórroga en los contratos de vivienda habitual. Pero, la ley y sus principales cambios están supeditas a lo que cada CCAA defina como sus zonas de mercado tensando. ¡Y ya sabemos que la tensión, como el tiempo, son conceptos muy relativos, interés mediante!
Los límites de rentas, nuevas prórrogas obligatorias, recargos en casas desocupadas, también beneficios fiscales para los arrendadores, los retrasos en los procesos de desahucio, la información necesaria en compra y alquiler de casas, etc., incluidos en esta ley han sido humo, salvo los incentivos al arrendador. Los beneficios fiscales para estos abarcan desde el 50 % para aquellos que alquilan para vivienda habitual, hasta el 90% para aquellos que rebajan un 5% el alquiler. Pero ojo, siempre que sean zonas tensionadas y esto depende de la CCAA y de los Ayuntamientos.
Por ejemplo, los bonos sociales a la vivienda, que Pedro Sánchez ha vuelto a prometer, existen desde 2022 y no han arreglado mucho; en anteriores convocatorias el Bono de Alquiler joven apenas llegó al 0,6% de los solicitantes, según Onda Cero: de las 110.000 personas que los solicitaron, solo recibieron la ayuda 57.000 jóvenes, aproximadamente la mitad, un porcentaje ínfimo frente a los más de nueve millones de jóvenes entre 18 y 35 años que son potenciales beneficiarios; uno de los problemas para acceder al bono son los requisitos para solicitarlo: El alquiler del piso no debe superar los 600€ al mes o 300€ la habitación, ¡cuando el precio medio del alquiler en España ya supera los 1.000€! Otra de las medidas prometidas por el gobierno fue la construcción de 184.000 viviendas de oferta pública, de las cuales solo 43.000 han visto la luz, y esto considerando las 11.000 del Fondo Social de Vivienda, las 14.000 de Sareb y las otras 18.000 que el “banco malo” tiene en venta.
Hay que recordar que el Estado es copropietario de la Sareb; El Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) es una empresa creada en 2012 por Rajoy para rescatar los activos inmobiliarios tóxicos de los bancos afectados por la crisis financiera de 2008; se financió con emisiones de deuda avalada por el Tesoro Público, es decir, con el dinero de toda la población trabajadora. Inicialmente nació como una empresa privada y, en poco más de un año, llegó a gestionar casi 200.000 activos por un valor de más de 50.000 millones de euros, según cifras de la propia entidad. En 2022, el Gobierno de Sánchez modificó la ley para convertirla en una institución pública. Ahora, “será utilizada para promover el alquiler accesible y asequible”, dijo Pedro Sánchez.
Pero si la Sareb ha servido para algo ha sido para sanear las cuentas de los bancos, habiendo protagonizado a lo largo de su historia desahucios y ventas de pisos a fondos de inversión extranjeros, a menor precio, estos sí.
Mientras tanto, ¿se han parado los desahucios? ¡Para nada! En España se produjeron 73 desahucios al día en 2023, siendo Andalucía la comunidad con mayor número de ellos, 11 diarios. Entre las víctimas de esta injusticia, cometida con la connivencia del Gobierno y los tribunales, y ejecutada por la policía y organizaciones de corte fascista como Desokupa, hay personas ancianas, enfermas crónicas de escasos recursos o familias monoparentales que malviven en la miseria. La pérdida del hogar, como denuncia la PAH, es un factor cada vez más decisivo en el creciente número de suicidios (más de 11 cada día) que se producen en el Estado español.
La vivienda, un problema de clase
Las movilizaciones multitudinarias se han sucedido a lo largo de 2024, por muchas ciudades. Sin embargo más allá de las medidas que hay que forzar no se puede olvidar que hablar de la vivienda es hablar del salario, del mundo del trabajo, de la precariedad, porque en definitiva son nuestras condiciones laborales las que marcan nuestro modo de existencia, de la cual la vivienda es una parte igual de importante, que la alimentación, vestir adecuadamente o tener suficiencia energética.
En todas las sociedades divididas en clases, los explotados han sido alojados en condiciones abominables. El capitalismo no inventó las chabolas. Pero sí elevó el problema de la vivienda a nivel de catástrofe social. Permitió que el confort diera un salto extraordinario para los sectores más ricos de la sociedad, al tiempo que hacía aún más difícil y precaria la vivienda para la gran masa de trabajadores.
La Revolución Industrial puso patas arriba la vida de millones de personas y, al concentrar a cientos de miles de personas en grandes ciudades, provocó una auténtica regresión en materia de vivienda. Esta revolución industrial se inició en Gran Bretaña; Friedrich Engels describió esta situación ya en 1844 en “La situación de la clase obrera en Inglaterra”. En su libro señalaba certeramente que el problema de la vivienda obedecía a que no se construían casas para cubrir necesidades, sino por la búsqueda del beneficio, siendo producto de una sociedad donde imperaba una corrupción desaforada y un reparto de plusvalías siempre a favor de las clases dominantes.
Ello es así porque el valor de la fuerza de trabajo – «el salario”- corresponde al gasto de mantenimiento del trabajador: el coste de su alimentación, vivienda, vestido, formación… Esta mano de obra produce por encima del salario y en esa diferencia, entre salario y la producción de mercancías está el beneficio del capital, es la plusvalía que genera la clase trabajadora y que los capitalistas se apropian. Pues bien, la burguesía ya ni siquiera paga los salarios correspondientes al valor de esta fuerza de trabajo, en definitiva al empeorar las condiciones para una vivienda digna se constriñe el salario y por lo tanto aumenta el porcentaje de plusvalía.
En el tema de la vivienda y la pelea por el reparto de plusvalía del mundo del trabajo entre bancos, plataformas digitales, etc. y arrendatarios, se hace crónica. Aumentar el gasto en vivienda, en unos salarios disminuidos por la inflación, significa precarizar un elemento básico para vivir del trabajador. Así a costa del empeoramiento del nivel de vida de la clase trabajadora, el sector de la producción, comercialización, alquiler y venta de viviendas se lleva parte de la plusvalía generada por la clase obrera en la producción y sostenimiento de la sociedad.
¿La solución? ¡Empecemos con la expropiación!
Como hemos comentado hasta el Banco de España está preocupado por la “emergencia habitacional”. Pedro Sánchez quiere hablar con los distintos colectivos y muchos políticos, de uno y otro signo, organizan jornadas, en las que participan promotores y constructores, muy interesados en que las distintas administraciones faciliten suelos y financiación. Querer equiparar los intereses de promotores y constructores con los de la población es un engaño a todas luces, que ya nos avisa de las intenciones del gobierno.
Aumentar la oferta no es la única y exclusiva solución porque, como ya hemos dicho, la oferta no es solo el problema. Por supuesto a los gobiernos hay que obligarlos a construir un parque de vivienda social a precio asequible, qué duda cabe. ¡Pero sin repetir la historia de los pelotazos urbanísticos! En 2008 en España se construyeron más viviendas que en Francia y Alemania juntas y, lejos de bajar los precios, se inflaron tanto que al final la burbuja estalló, miles de constructoras quebraron, los bancos fueron rescatados y a muchas familias trabajadoras las desahuciaron.
El problema de la vivienda es un problema de clase y puede golpear, de hecho lo hace, a trabajadores de toda condición y edad. Por ello hoy más que nunca es necesario salir a la calle y organizarse; la construcción de pisos, y demás medidas sociales que con justa razón se reclaman, volverán a ser papel mojado sin la lucha y el control vecinal de la población trabajadora, la misma que sufre el problema de la vivienda. Ha sucedido muchas veces, las leyes se suceden en los distintos países (Francia, Alemania…) con distintos gobiernos, con escasa o nula repercusión pues el problema cada vez está mas arraigado.
No obstante, hay que empezar esa lucha y esa organización, reclamando la imposición de medidas de urgencia, impuestas por la población en general y en particular por todos los trabajadores, fuese cual fuese su profesión, con un control exhaustivo por parte de los mismos:
Aumento del salario mínimo a 1.800€
Repartir el trabajo entre todos, sin bajar los salarios
Expropiación sin indemnización de las viviendas en manos de bancos, fondos y especuladores.
Construcción de un parque de viviendas públicas acorde a las necesidades de cada población, así como del suelo urbano
Topar alquileres y prohibir cláusulas y subidas abusivas, con verdaderas sanciones a los infractores.
Alquiler social efectivo y extendido.
Prohibición del alquiler turístico o de temporada en aquellas zonas en que los vecinos así lo contemplen.
Prohibición de los desahucios por ley.
Pero tal política requeriría un gobierno con verdaderamente la voluntad de atacar los intereses de la burguesía, sin detenerse ante la propiedad privada. Sólo un gobierno nacido de la movilización de los trabajadores podría tener la voluntad de hacerlo, como hizo la Comuna de París de 1871 promulgando una moratoria sobre los alquileres, o la Revolución Rusa de 1917 requisando todos los edificios disponibles para alojar a la población que vivía en chabolas.
Un gobierno como el de Pedro Sánchez, ni ningún otro situado a su izquierda parlamentaria, tan respetuosos con el orden social vigente, es incapaz de paliar los efectos desastrosos de la crisis de la vivienda, empezando por alojar a los sin techo en edificios vacíos, algo de simple humanidad. Nada de eso puede esperarse del actual gobierno, que, como sus predecesores, está mucho más preocupado por defender la propiedad burguesa que por las necesidades de la población. Ni siquiera tiene el coraje de obligar a la gran banca y a las grandes empresas, a los más ricos, a confiscarles un pellizco de sus beneficios, que con ello daría para empleos, salarios y viviendas dignos para todos.
La economía capitalista es incapaz de resolver de una vez por todas el problema de la vivienda; los políticos del sistema ni siquiera han sido capaces de gestionar adecuadamente una DANA prevista y conocida, causando muerte y desolación.
Además, a largo plazo, la cuestión de la vivienda sólo encontrará solución en una sociedad organizada de forma radicalmente distinta, una sociedad basada en los intereses de la comunidad y no dominada por el beneficio y la propiedad privada. Con Engels, decimos, “…no es la solución de la cuestión de la vivienda lo que resuelve al mismo tiempo la cuestión social, sino que es la solución de la cuestión social, es decir, la abolición del modo de producción capitalista, lo que hace posible la solución del problema de la vivienda”.