Pese al acuerdo de gobierno y el bombo y platillo de UP al respecto, finalmente el gobierno del PSOE-UP decide mantener la reforma laboral de Rajoy de 2012 en sus partes fundamentales. Ni derogación ni retirada de la mayoría de sus “aspectos más lesivos”.
No se toca el despido: no cambia el despido barato, ni las causas ambiguas para despedir ni se recupera la autorización administrativa para los ERE. No se recuperan los salarios de tramitación, ni se deroga la facilidad de la empresa para modificar casi todas las condiciones de trabajo.
De los pocos aspectos positivos encontramos la recuperación de la ultraactividad de los convenios y que los salarios de cada sector quedan igualados por el convenio colectivo, aunque se dejan fuera otras condiciones como las horas extras o la jornada, que cada empresa puede modificar a la baja. La declaración de intenciones en favor del contrato indefinido y en contra de la temporalidad puede quedarse en agua de borrajas, ya que sin tocar el despido no se ponen límites reales.
Uno de los lemas de esta “reforma” es que se ha conseguido gracias al “diálogo social” de las partes. Pero la falta de este diálogo no impidió a Rajoy en 2012 reformar la ley laboral entera unilateralmente para perjudicar a los trabajadores. Ahora, para ir en sentido contrario, todo son reservas.
En conclusión, la relación de fuerzas en favor de la clase trabajadora no mejorará en el plano de la legislación, pero no debemos olvidar que son las luchas obreras, y no la labor de un ministerio, las que traerán mejoras para nuestra clase.
