El día 11 de septiembre, como cada año, se ha celebrado la Diada catalana, el día nacional de Cataluña. Como en años anteriores cientos de miles de personas se manifestaron a favor del derecho de autodeterminación y de la independencia. El sector más nacionalista e independentista está movilizado a tope y exige que se organice el referéndum con el voto para el reconocimiento de la independencia. Enfrente, el Gobierno Rajoy no sólo se niega a dialogar para garantizar las votaciones, sino que intenta paralizar la organización del voto. Esta oposición se traduce en amenazas, maniobras, ataques judiciales del PP y sus aliados. Esta política derechista, que trata de impedir y boicotear el derecho democrático a votar, espolea la reacción contraria, y crea más independentistas.
Por su parte los partidarios de la independencia “rápida” han hecho todo lo posible para realizar los procedimientos legales de la independencia de forma inmediata. Este año la Diada ha venido precedida de las discusiones en el parlamento catalán donde se ha aprobado una llamada “Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República”, una mini Constitución, y la “ley del referéndum”. Tanto una como otra han sido votadas por una mayoría de 71 diputados de 135. Ha sido JxSí y la CUP los que han unido sus votos para sacar la ley que supone la constitución inmediata de la República catalana el 1 de Octubre gana el sí. 10 votos en contra de CSQP (la antigua IU más Podemos) y la abstención de PSC, Ciudadans y PP que salieron del hemiciclo. Los debates han sido duros. Los no independentistas, con la izquierda de CSQP al frente, han reprochado a la derecha catalana, los antiguos convergentes y el ERC y a la CUP aprobar una Ley independentista antes de realizar el referéndum y hacerlo sin garantías democráticas. A lo cual los independentistas argumentaron que el Estado “español”, y su gobierno, es decir Rajoy, impiden con todos sus medios la posibilidad democrática de decidir y no tienen más remedio que aplicar la mayoría parlamentaria para sacar adelante el referéndum y la república catalana.
Los debates han sido el centro de los informativos en toda España con abundantes comentarios e informaciones sobre la independencia y el derecho a decidir. Pero también es una realidad que en el resto del Estado – e incluso en Cataluña- el “procés catalá” independentista y sus políticos, son también una fábrica de nacionalistas españolistas, es decir de apoyo al PP y la unidad de España.
Pero hay que constatar que el debate sobre el referéndum y la independencia catalana ha conseguido desplazar del debate público los problemas reales de las clases trabajadoras y populares no sólo en Cataluña, sino en toda España. En Cataluña la derecha catalanista ha agrupado detrás de sí a parte de la sociedad y de la izquierda, dejando para las calendas griegas la verdadera discusión social del paro, la vivienda, los despidos la precariedad… el resultado es que la sociedad catalana está dividida de una manera interclasista: las trabajadoras y los trabajadores catalanes están separados por el problema de la independencia y esto ha permitido dejar en un muy segundo plano la división real de la sociedad de clases: la burguesía y los trabajadores.
Pero el problema es aún mayor en el resto del Estado. Tanto PP como PSOE consiguen agrupar en contra de la situación catalana a una mayoría de la población que no entiende el porqué de los independentistas. Mientras que el problema se trate en el terreno de los distintos nacionalismos los problemas sociales y de las clases populares se quedarán olvidados a saber para cuando. Los trabajadores catalanes, los que tienen empleo como los parados serán los olvidados de los burgueses catalanistas. Las promesas se olvidaran. Y es significativo lo que está pasando claramente con los inmigrantes que viven y trabajan en Cataluña, a los cuales se les prometió que tendrían de golpe la nacionalidad catalana si se conseguía la independencia, pero ahora hablan de cinco años para poder solicitarla; las promesas de papeles e integración se han quedado en agua de borrajas.
Por nuestra parte pensamos que los que viven en Cataluña tienen todo el derecho de decidir y definir democráticamente las relaciones que tendrán con el resto de España. Un referéndum puede ser un medio para decidir el futuro. Pero el nacionalismo que domina todo el debate sobre el porvenir de Cataluña es pájaro de mal agüero. Las capas burguesas dominantes y sus políticos en Cataluña, son de la misma clase que la patronal y sus políticos de Madrid, Sevilla, Zaragoza…
Y lo más seguro es que, en esta situación, con o sin instituciones o Estado independiente, la clase trabajadora en Cataluña tendrá que defenderse con luchas, -como hemos constatado con los trabajadores del Prat- y también con un programa político y social que permita una perspectiva compartida con toda la clase obrera en España. Por ello si el derecho a un referéndum, exigido por millones de catalanes, corresponde a una aspiración democrática, hay que explicar que sólo será realmente posible cuando los millones de trabajadores y trabajadoras de toda España tengan como perspectiva la unión para echar a la burguesía y a sus políticos del poder económico y social, en una sociedad verdaderamente socialista y en manos de las clases populares.
Y un aviso a navegantes: históricamente, la derecha catalanista, sea Companys, Tarradellas o Pujol siempre han traicionado y aplastado a los trabajadores y revolucionarios catalanes.