El 27 de diciembre del 2013, las cortes generales aprobaban la ley de Racionalizaci\u00f3n y Sostenibilidad de la Administraci\u00f3n local, para algunos, la ley Montoro. Esta ley es una consecuencia de la modificaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n realizada mediante acuerdo mete\u00f3rico entre el PP y el PSOE, para introducir en el art. 135 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, la estabilidad presupuestaria como principio rector de la pol\u00edtica econ\u00f3mica y anteponer el pago de la deuda\u00a0 ante cualquier otro gasto del Estado.
\nSe buscaba con esta ley la reforma de la Administraci\u00f3n Local Espa\u00f1ola, para acomodarla a la nueva realidad de las cuentas p\u00fablicas, resultante de la crisis econ\u00f3mico-financiera; la reforma alud\u00eda a nuevas competencias, a racionalizar la estructura administrativa, a un control financiero y presupuestario m\u00e1s riguroso, pero sobre todo lo que buscaba y busca esta ley es propiciar a\u00fan m\u00e1s la iniciativa econ\u00f3mica privada.
\nAl clarificar las competencias, el gobierno central decide que competencias son plenamente del ayuntamiento y cu\u00e1les no, incitando a los gobiernos locales a privatizar servicios y empresas p\u00fablicas que hasta ahora eran competencias del consistorio. La reestructuraci\u00f3n del sector p\u00fablico empresarial local es una de las medidas m\u00e1s relevantes de esta reforma, se exige que los servicios p\u00fablicos locales se presten por la modalidad de gesti\u00f3n m\u00e1s sostenible y eficiente. Existen unas 1406 empresas locales con forma societaria que pueden ser de una manera o de otra, privatizadas.
\nSolo con una presi\u00f3n fuerte y organizada de la clase trabajadora se podr\u00e1 cambiar la forma de gobernar y de administrar los bienes colectivos de la sociedad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"