3 años han pasado desde la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en la que se produjo la desaparición forzosa de 43 jóvenes estudiantes de magisterio de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Iguala, en el estado de Guerrero, Méjico, además del asesinato de 6 personas más, tres de ellas estudiantes.
La versión oficial de las autoridades mejicanas dice que los normalistas fueron detenidos por policías corruptos que los entregaron a miembros del crimen organizado que los mataron, quemaron sus restos en un basurero y sus cenizas fueron arrojadas a un rio. Pero esto no cuadra con lo que dicen los testigos.
El 2 de marzo de 2015 empezó su trabajo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para la investigación del caso de acuerdo con los representantes de las víctimas y del Estado mexicano. El GIEI trabajó en el país durante dos periodos de seis meses cada uno, y en ese tiempo publicó dos voluminosos informes sobre el caso, con una recopilación de pruebas, entrevistas y demás que han constatado que:
– Los jóvenes fueron atacados por la policía municipal.
– El ataque duró 5 horas.
– Que no fueron confundidos con narcotraficantes.
– Que las autoridades sabían con antelación que estos jóvenes iban a coger esos autobuses para dirigirse a una manifestación.
– Que hubo torturas.
– Que no fueron quemados sus cuerpos en el vertedero (de Cocula).
– Que en el lugar del ataque hubo, al menos, dos agentes de inteligencia que transmitían a sus mandos en tiempo real lo que estaba sucediendo.
– Que la policía federal ocultó pruebas.
– Que hubo manipulación de la escena del crimen por parte del jefe de la Agencia de Investigación Criminal.
– Etc.
Lo que sigue sin aclararse es
¿Donde están los jóvenes?
Uno de los 5 expertos participante en este Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes es Carlos Martín Beristain, médico y doctor en Psicología y un veterano investigador de las violaciones de derechos humanos en América Latina y otras regiones del mundo, así como referente en la atención psicosocial a las víctimas. Además de perito para la evaluación médica y psicosocial en varias ocasiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha trabajado como asesor sobre víctimas en diversos casos de la Corte Penal Internacional con una amplísima y reconocidísima trayectoria internacional en temas de investigación de desapariciones forzadas y mediador en procesos de paz.
Carlos M. Beristain relata como el trabajo sobre el terreno ha permitido desmontar la versión oficial y como han podido establecer la participación en estas desapariciones forzosas de un amplio operativo con policía estatal, federal y municipal, miembros de bandas organizadas de delincuentes y presencia de testigos militares en los hechos.
También relata cómo han sido objeto de una campaña de la extrema derecha mejicana que junto con todos los impedimentos de las autoridades, hizo que empeorara el clima de trabajo de este Grupo de investigadores y que no se permitiera seguir investigando.
A pesar de todo, ellos han publicado los 2 Informes del trabajo realizado, han establecido 20 puntos o recomendaciones para continuar la investigación y que el gobierno mejicano, en lo fundamental, no ha hecho nada de lo recomendado.
Cabe preguntarse para qué tanto esfuerzo si a la altura que estamos, 3 años después de lo ocurrido, no sabemos dónde están los jóvenes (o sus restos), no se han detenido a los culpables, etc., pero sí se ha conseguido aquello que los familiares, el pueblo mejicano y todos los demás tenemos derecho a saber y que no es otra cosa que la verdad de lo sucedido, la reparación de los nombres de estos jóvenes estudiantes de familias obreras que la “oficialidad” los trataban de delincuentes y conseguir, más pronto que tarde, justicia para ellos, sus familias y todos nosotros y que no siga prevaleciendo la impunidad.