Tras la muerte de Franco se abre la política de pactos anti-obreros

La llamada “Transición” marca la fase de freno real de las movilizaciones por parte de la dirección de CCOO y de los dirigentes del PC. Las muertes de Vitoria en 1976, cuatro obreros asesinados por la policía al salir de una iglesia donde celebraban una asamblea, no provocaron la reacción lógica de una organización como CCOO. Pero lo que marcó el paso del Rubicón de la integración en el Estado, fue el asesinato de los abogados laboralistas de CCOO en Madrid.

El 23 de enero de 1977 los asesinatos en el despacho de los abogados laboralistas de CCOO de la calle de Atocha van a permitir al PC aparecer como partido de orden, víctima y responsable a su vez. Va a demostrar a la burguesía que puede controlar a las masas incluso cuando el crimen es tan horrible como el perpetrado por los fascistas. Ante los hechos, Suárez y Carrillo pactan la manifestación del entierro. El PC se abstuvo de realizar una protesta más allá del entierro y dio la consigna “silencio” en todo el trayecto. La manifestación, encogida por el miedo a una nueva dictadura, siguió sin rechistar las consignas del partido. Con este acto el PC demostraría que era un partido de orden y se había ganado la legalización. José Mario Armero declararía “Suárez podría ver si es un partido serio el PC, qué mandaba, si se cumplían sus instrucciones”. Durante todos estos meses Juan Carlos y Suárez habían esgrimido a su favor y como chantaje a la izquierda el miedo al golpe por los franquistas recalcitrantes, el bunker. Los asesinatos de la calle de Atocha y las agresiones de la extrema derecha estaban ligados a los cuerpos represivos del régimen. La mayoría del aparato estaba y obedecía a sus mandos y la extrema derecha no dejaba de ser una minoría que tenía en el aparato de Estado su poder. Si Juan Carlos y Suárez no actuaron contra ellos es porque no querían tocar las fuerzas represivas, el hierro que mantiene el poder.

A partir de la normalización parlamentaria CCOO ayudó de forma inestimable al mantenimiento y el aumento de los beneficios de la burguesía con los primeros pactos sociales de la monarquía, los famosos pactos de la Moncloa. Se firmaron en 1979 y por los partidos políticos, no fueron firmantes ni UGT, ni CCOO. La primera apoyó el pacto sin ambages, la segunda también pero con más problemas, fue necesario que la dirección del PC y CCOO se fajaran contra las bases. El pacto suponía la pérdida de conquistas en la negociación colectiva hechas en la dictadura que habían costado sangre. Supuso una pérdida del poder adquisitivo brutal de los salarios y el cambio del cálculo de subida salarial, que hasta ese momento las luchas obreras habían conquistado contra la patronal y el sindicato vertical. A partir de los pactos de la Moncloa la subida salarial no se hará sobre la inflación pasada, sino sobre la prevista, lo que supuso perder el diferencial de inflación, además siempre se aumentaban uno o dos puntos más sobre la inflación prevista como ganancia. Estos pactos supusieron que los trabajadores pagaron la bajada de la inflación disminuyendo sus salarios.

Luis Lucio Lobato, de la ejecutiva del PCE, escribía en la revista “Cuadernos para el Diálogo” las posiciones políticas de su partido apoyando el pacto. Habla de responsabilidad, de generosidad, del “grado de madurez”. La situación es tan grave que hay que poner remedio y “a grandes males grandes remedios”. “El pueblo, los trabajadores, habrán de asumir durante un tiempo, lo más corto posible, sacrificios, pero es preciso decir que mediante este acuerdo esos sacrificios serán menores en intensidad y duración de lo que serían si cada partido, lavándose las manos, se hubiera sentado en la puerta de su sede, esperando ver pasar el cadáver de su enemigo. Lo más probable es que todos hubiéramos sido sepultados.” Pero como la historia mostró los que fueron beneficiados de este sacrificio fue la derecha que se mantuvo en el poder y los negocios del capital.

En 1980 el Estatuto de los Trabajadores flexibilizó la contratación y legalizó la posibilidad de la temporalidad en la contratación. El artículo 7 establecía que los contratos serán indefinidos “salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal del contrato”.

Jurídicamente se abría la puerta a la precariedad con la anulación de la seguridad en el empleo. Otro de sus artículos permitía el despido pagando la indemnización, aún fuera éste declarado “injusto”. Marcelino Camacho diría en las Cortes: “Hay que decir que la falta de adaptación técnica, las faltas justificadas, o la amortización individual del puesto de trabajo son causas de despido y bastantes más que no he citado aquí o de suspensión del contrato de trabajo. También existe el despido disciplinario. Naturalmente que algunas de las causas estaban ya (…) El despido libre en la práctica, antes con dinero, siempre existió. Pero los trabajadores nos opusimos toda la vida a ese despido libre que nos imponían las leyes fascistas, y no debemos aceptar que las leyes de la democracia nos impongan el despido libre en las mismas formas que nos lo imponía la dictadura fascista.”

El 20 de diciembre de 1979 el Estatuto se aprobó en las Cortes. Fue aprobado con los votos del PSOE y la anuencia de UGT que había pactado con la CEOE el Acuerdo Marco Interconfederal, que supuso un tope salarial del 13 al 15% y la posibilidad de las empresas con déficit de bajar aún más los salarios.

El PCE votó en contra. El gobierno había negociado con el PSOE y UGT pero no con CCOO. Santiago Carrillo se encaraba con el ministro de Trabajo de la época quejándose de que no había negociado. “La verdad señor Ministro, es que Su Señoría no ha negociado con Comisiones Obreras, interrumpió la negociación antes de terminarla.” Para entender como después de los pactos de la Moncloa el gobierno no negoció con los comunistas y sí con los socialistas hay que detenerse en una serie de hechos políticos por los cuales la derecha y la burguesía ya realmente no necesitaban al PCE. En primer lugar las elecciones habían dado la hegemonía de la izquierda al PSOE. Entre una mayoría de los trabajadores y los militantes de CCOO los pactos de la Moncloa habían caído como un jarro de agua fría y había sido necesario imponerlos a la fuerza por la dirección del PCE y Suárez llevaba la política de dividir a la izquierda favoreciendo a la socialdemocracia, la parte menos combativa.

En esta situación al PCE no le quedó otro remedio que la movilización para exigir su lugar al sol. En un folleto explicativo sobre el tema del PCE, relataba así la respuesta: “Al cerrarse las puertas de la negociación, al tropezar con el muro de la intransigencia, los trabajadores organizados en CCOO llamaron a todos sus compañeros, sindicados o no, a la movilización ciudadana y pacífica, al uso del derecho constitucional de manifestación.” Miles de trabajadores se manifestaron, destacándose Barcelona y Madrid. En esta ciudad, de resultas de las cargas policiales, murieron dos estudiantes. En el mismo folleto se explicaba que se habían manifestado “sin caer en la trampa que se les tendió de que su marcha derivara en enfrentamientos violentos con la fuerza pública, pese a lo cual hubo que lamentar la muerte de dos estudiantes, al margen de la manifestación obrera.”

Ante esta política sobran los comentarios.

Otras medidas antiobreras fueron la Ley Básica de Empleo, que legalizó la colaboración social y disminuyó la cobertura económica y temporal de los parados; y el Acuerdo Nacional de Empleo entre CCOO, UGT, CEOE y gobierno por el cual “por primera vez desde 1974 la tasa del crecimiento del salario medio por persona fue negativa.” A cambio los sindicatos recibieron, entre 1981 y 1984, 800 millones anuales a cargo de los presupuestos del Estado.

En 1993, ya con los socialistas, la reforma laboral procede a abaratar el despido y la contratación. Aparecen los contratos en prácticas con un salario que puede oscilar entre el 60 y el 75% del SMI, a tiempo parcial, la colaboración social por la cual los trabajadores en paro pueden ser obligados a realizar tareas laborales sin cotizaciones ni derechos, etc. Con esta reforma laboral y la aparición de las ETT un año más tarde, la precarización de los asalariados fue un hecho que abarcaba a un tercio de la población trabajadora ocupada. Ante el ataque a las condiciones de trabajo los sindicatos convocaron un paro general de protesta el 27 de enero de 1994. La huelga fue seguida masivamente pero sin el impacto que había tenido la del 14-D.

La convocatoria, más que del ánimo combativo de las centrales sindicales ante la injusticia de las medidas, era el resultado de la política de los socialistas de no negociar nada e imponer a CCOO y UGT las medidas sin darles el papel de intermediarios. De hecho cuando el PP les dio su sillón “negociador” no han tenido empacho de pactar las reformas laborales que han hecho falta a la patronal, como lo demuestran los últimos pactos y los que pueden venir con las nuevas disposiciones para la negociación colectiva.


25 años de la constitución en sindicato de CCOO, noviembre de 2001

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