En esta semana se abre el parlamento andaluz donde se dilucida la investidura a presidenta de Susana Díaz, del PSOE, que tiene mayoría simple y no absoluta. Sus 47 diputados sólo le permiten gobernar en minoría con el apoyo más o menos tácito de otras formaciones. Si en dos votaciones Susana Díaz no obtiene la mayoría habrá elecciones nuevamente, cosa que parece no querer ningún partido parlamentario.
Esto significa que tiene que obtener 55 votos, la mayoría absoluta, con el sí del PP, Ciudadanos o Podemos, o esperar a que con la abstención de Podemos y Ciudadanos pueda votar la lista más votada, que son los socialistas. PP e IU ya han dicho que tienen el no por respuesta; por su parte Ciudadanos y Podemos a la hora en que escribimos, también abogan por el no.
Hasta aquí las cuentas parlamentarias. Ocurra lo que ocurra, con la abstención o el no de Ciudadanos y Podemos, o incluso teniendo que convocar nuevas elecciones, los trabajadores y la población no pueden esperar que ningún cambio significativo venga de las instituciones. En su discurso de investidura Susana Díaz ha enunciado múltiples medidas contra la corrupción, los desahucios, el empleo… medidas que pocos han creído, que ya estaban en su anterior discurso de hace tres años, y que no ha cumplido.
Al margen de los juegos politiqueros, lo que tenemos que saber los trabajadores y las clases populares es que en la sociedad capitalista el poder económico de las grandes empresas y bancos son los que en realidad gobiernan, a través de sus partidos más representativos como el PP, a través de partidos de origen más popular como el PSOE, o con sus nuevas marcas como Ciudadanos. Y una forma de controlar el poder político es a través de la corrupción, pues son los corruptores, la banca y las grandes empresas del Ibex 35, las que compran a los políticos. Además dominan los medios de comunicación; no permiten una igualdad en la libertad de expresión, convirtiéndose en medios de persuasión y propaganda al servicio de quienes les pagan. Y para más inri la propiedad privada de los medios de producción, bancos, empresas, tierras, límite del poder político para cualquier cambio social, está refrendada legalmente en la Constitución. Esta es la causa por la que, aunque el derecho al trabajo o a la vivienda esté en la carta magna, no se cumpla nunca.
Los partidos representan los intereses de las clases sociales. Los trabajadores sabemos por experiencia que nuestra única salida es la lucha por nuestras reivindicaciones y ningún parlamento capitalista va a ir más allá de meros cambios cosméticos o formales. Por ello un partido que represente a los trabajadores y a las clases populares debe decir bien alto el engaño que supone entrar en el parlamento para pactar y no cambiar nada.
Y este partido tendría que ser la voz de los trabajadores, explicar sus problemas para ampliar las luchas, explicar que sin la expropiación de los grandes medios de producción y su conversión en públicos, controlados por los trabajadores, no podrá cambiar realmente nada.
Si abandonamos la movilización y creemos que el parlamento va a resolvernos los problemas, podemos esperar sentados. Necesitamos medidas de urgencia porque estamos en un momento de gran retroceso social y laboral. Por ello es necesario seguir en las calles luchando por el reparto del trabajo, sin bajar los salarios. Por la prohibición de despidos y EREs. Y por la creación de un parque de vivienda público expropiando las viviendas robadas por los bancos, sin indemnización.