Sin recursos, pero no para todos

En Andalucía al menos 190 personas han sido afectadas por un brote de listeriosis. El origen se ha localizado en la empresa Magrudis en Sevilla.

El reciente brote de listeriosis que ha sacudido Andalucía y en especial a Sevilla ha puesto en evidencia la caótica situación de la red de prevención sanitaria, provocada por los recortes. Denota también la indefensión a la que está expuesta la población, debido a la falta de inversión en recursos en el sistema de salud.

Según la prensa, el brote de listeriosis originado en la empresa cárnica Magrudis es ya el mayor que se ha detectado en Europa occidental. La mayoría de afectados en Andalucía, aunque también se han dado casos en otras provincias españolas. Hasta ahora hay tres fallecidos que tienen en común la presencia de la bacteria.

Durante julio se producen los primeros ingresos hospitalarios, pero la decisión de la Junta de investigar el origen de la infección no se produce hasta el 5 de agosto. Es entonces cuando la Consejería de Salud envía las muestras al Laboratorio Municipal de Sevilla.

Después de detectarse la bacteria causante, se producen retrasos y confusiones entre Ayuntamiento y Consejería. Consiguen acotar el origen de la contaminación en la empresa sevillana Magrudis y se decreta la alerta sanitaria el 15 de agosto. Para entonces, el número de afectados asciende a 40 en Andalucía.

A finales de agosto los afectados rondaban ya los 200. Es más, muchos productos de esa marca han circulado dentro y fuera de nuestras fronteras debido a la tardanza en la alerta y a etiquetados confusos de los mismos. La falta de información y actuación sobre todo en la venta minorista puede causar un aumento exponencial de nuevos casos.

Aquí hay que decir que tanto que hablan de la producción y consumo local y de las exportaciones andaluzas, cuando la mayor parte de los controles y supervisiones se relegan a empresas privadas. Estamos pues en manos que lo mismo fabrican, venden, que emiten controles de calidad.

Magrudis es solo un ejemplo, la actuación en otras muchas empresas es similar. Se dio de alta en el registro sanitario de la Junta en 2015, con categoría B para inspección y supervisión cada 12 meses. En 2016 se eleva a categoría A, con dos visitas al año por parte de la inspección municipal. En 2017 la inspección de Consumo determina incluirla en la categoría C, al haberse implantado en la empresa un plan de autocontrol marcado por la Junta de Andalucía, lo que determina visitas de inspección y supervisión cada 18 meses.

Suele ser normal que el sistema de autocontrol se encargue a una empresa, subcontratación de labores, como la prevención de riesgos laborales. Un trabajo que bien podría hacer el sector público, aprovechando el potencial de profesionales que hay en paro.

Las inspecciones que durante años venían realizando los inspectores municipales se han visto afectadas por los recortes públicos. Esta situación la solucionan los burócratas creando normativas, con parte del control recayendo en la propia empresa, en la subcontratación y dilatando el intervalo de las inspecciones.

Ayuntamiento y Junta se reprochan y se cruzan irresponsabilidades por los fallos detectados y los que están por venir. Pero sin un sistema eficaz que no descanse en manos privadas, sin suficientes trabajadores públicos y con continuos recortes en favor de la banca, esto es solo un ejemplo de lo que puede ocurrir en el futuro.

Aunque las asociaciones de consumidores han anunciado que iniciaran acciones legales, es evidente que el problema de fondo es la incapacidad, en un sistema capitalista, de ofrecer garantías sanitarias y de ningún tipo cuando todo depende de la propiedad privada y el dinero.

 

Recortes en Sanidad

Desde 2009, la inversión en Sanidad ha sido recortada entre 15.000 y 21.000 millones, según distintas fuentes.

Desde 2011 (6.5% del PIB en Sanidad), el porcentaje de inversión ha ido disminuyendo año a año (excepto 2015) y las previsiones del actual Gobierno son reducirlo aún más hasta 2020 con un porcentaje del 5.6%. Ese dinero público irá a engrosar la cartera de la banca.

En los Aytos. los recortes han venido por la limitación del gasto. Otra idea de la banca para someter las inversiones públicas a la financiación privada. Desde el comienzo de la crisis, cada año se cuenta con menos trabajadores públicos, cada año por el contrario la empresa privada acapara más terreno y la banca hace caja.

Los recortes públicos en sanidad y en los servicios públicos, que controlan los riesgos para la salud, han permitido que la supervisión de la calidad en producción de alimentos quedara en general en manos de la empresa privada.

Es de sobra conocido que tanto Ayto. como la Junta, en este caso, difunden diariamente las excelencias de sus respectivas políticas. Pero vemos que cuando las cosas van mal, son las familias trabajadoras las últimas en saberlo, pero las primeras en pagar sus consecuencias, lo que convierte en ineficaces esas políticas.

Solo una verdadera planificación de la economía, basada en las necesidades sociales de la población, evitará que sigamos siendo rehenes del capital y de las empresas privadas.