La concertación social entre patronal, gobierno, CCOO y UGT ha permitido cambios secundarios en la última Reforma Laboral de 2012, dejando intactos los artículos más lesivos contra los trabajadores. Con las modificaciones, que no derogación, han quedado al descubierto las vergüenzas de este gobierno de “progreso”, el autodenominado “gobierno más progresista de la historia” que ni siquiera ha sido capaz de derogar la Reforma Laboral de Mariano Rajoy. Derogación que era la “medida estrella” de su programa electoral pregonada por doquier.
Esto ha indignado a muchísimos trabajadores y trabajadoras que habían confiado en el gobierno y en el pacto de PSOE y Unidas Podemos y por parte de muchos de ellos se percibe como una traición más a la clase obrera.
Una vez más “lo que habían prometido no lo cumplen”. Para otro sector, ha validado la idea de que “todos los políticos se corrompen cuando entran en el gobierno”. Esta situación, además, abre la puerta a los argumentos de la extrema derecha para recoger votos y adeptos en la clase obrera: “lo veis, como todos son iguales”.
En realidad aunque haya también personas que se consuelen diciendo que más vale poco que nada o que dadas las circunstancias, no se podía hacer otra cosa, el hecho es que el “brillante” acuerdo mantiene el eje central que la patronal utiliza para precarizar: los despidos, tanto individuales como colectivos, que seguirán siendo libres, sin siquiera aumentar la cuantía de la indemnización y la posibilidad de contratar temporalmente, por horas o jornadas.
El acuerdo se limita a mantener la temporalidad de ciertos contratos, como los formativos, y sólo elimina el contrato por obras y servicios – utilizado para precarizar al máximo la mano de obra-.
En las subcontratas el convenio vigente será el del sector, pero si tienen convenio de empresa se le podrá mantener las condiciones salariales precarias.
Las ETTs seguirán lampando por doquier y para colmo se crea un mecanismo, llamado RED (de flexibilización y estabilización) para las empresas cuando entre en crisis el sector, por problemas tecnológicos…, por el cual los trabajadores se podrán acoger a una prestación del estado o a una reducción de jornada, pudiendo hacer contratos fijos-discontinuos.
Es decir, con dinero público y no con los beneficios empresariales obtenidos, se pagarán los salarios a los trabajadores y para colmo, las empresas obtendrán ayudas, subvenciones, exenciones de impuestos y cotizaciones. Y en cuanto a la negociación colectiva, recuperando la ultractividad de los convenios, permanece la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial, salvo en los salarios. Y para terminar el desaguisado no se recuperan los salarios de tramitación.
¿Por qué no se deroga la reforma laboral?
Ante esta situación, habría que plantearse, ¿por qué con una mayoría parlamentaria a favor no han derogado la Reforma Laboral?, ¿por qué todas las reformas laborales aprobadas en los últimos 40 años atacan las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora?
Para aclarar la situación hay que decir que las RL y la legislación laboral en general, son el resultado de la lucha de clases. En época de luchas obreras en alza, se consiguieron ciertos derechos que limitaban la arbitrariedad patronal y la explotación obrera. Por ejemplo, la lucha por la reducción de la jornada laboral, la reivindicación de los tres 8: 8 horas de trabajo, 8 de descanso, 8 de cultura y educación fue central en la I Internacional o AIT en el siglo XIX. Fueron las primeras etapas de la lucha obrera y origen del 1º de Mayo.
Pero hay que decir también que el sistema jurídico en la sociedad capitalista oculta e invisibiliza la realidad de la explotación del trabajo humano por el capital. La explotación obrera es la realidad económica y social del mundo del trabajo. Aproximadamente la mitad de la jornada de trabajo es para pagar el salario, el resto serán los beneficios del capitalista.
Es decir, la clase trabajadora produce más allá del salario que le pagan en su horario de trabajo y este excedente, esta plusvalía o beneficio empresarial, que no aparece en ningún contrato, se lo apropia el empresario, el capital, quedando oculto a la sociedad.
El contrato de trabajo aparece como un acto libre entre el empresario y el trabajador cuando lo que en realidad hay es una relación de opresión y explotación en la cual el trabajador vende su fuerza de trabajo en un horario determinado por un salario. Una vez que haya producido el valor de su salario todo el valor producido queda en manos del propietario de los medios de producción.
Dicho esto, cualquier legislación laboral en la sociedad actual, lo único que puede hacer es limitar esta explotación dependiendo de la correlación de fuerzas, porque esta situación nace de la propiedad privada de los medios de producción.
Por tanto las patronales buscan siempre la “flexibilidad” en la contratación puesto que cuanto mayor sea la precariedad y el miedo al desempleo, mayor presión sobre los salarios y mayor tiempo de trabajo excedente que el mundo del trabajo le reportará en sus beneficios.
En tiempo de crisis económica y social, y en el capitalismo son cíclicas, el paro aumenta y la precariedad laboral se acentúa. Por ello todas las reformas laborales han buscado adaptarse a esos ciclos en beneficio de los capitalistas, por ello todas las reformas laborales realizadas desde la muerte del dictador han incidido en la temporalidad y en facilitar los despidos a la patronal. Recordemos también que en el sistema capitalista la única posibilidad de mantener la economía en funcionamiento es a través del mantenimiento de los beneficios empresariales, de ahí la competencia entre las empresas para vender sus mercancías, aumentar la productividad y extraer de la clase trabajadora mayor tiempo de producción más allá del salario.
Por este motivo aunque limitemos esta explotación con leyes favorables debido al auge de las luchas del movimiento obrero, la única solución definitiva sería la expropiación de los medios de producción por la clase trabajadora y la organización social planificada de acuerdo a las necesidades sociales y no a los beneficios empresariales.
Un poco de historia
En nuestra historia reciente, desde el Estatuto de los Trabajadores de 1980 y las sucesivas reformas laborales realizadas tanto por partidos de derechas como de los socialistas, hasta esta última del gobierno de coalición de “izquierdas”, todas han eliminado conquistas de la lucha obrera durante el final del franquismo y los comienzos de la transición.
Para muestra un botón: en 1976 la ofensiva obrera consiguió imponer la readmisión del trabajador por despido improcedente. Fue el famoso artículo 35 de la Ley de Relaciones Laborales de abril de 1976 que fue derogado en el segundo gobierno de la Monarquía, presidido por Adolfo Suárez, junto al lote de medidas económicas antiobreras decretadas el 8 de octubre de 1976 que provocó movilizaciones. El miedo de la burguesía y del gobierno a la clase obrera se mostró en las luchas obreras de Vitoria en Marzo de 1976 donde fueron asesinados 5 trabajadores.
Sin embargo ni CCOO, ni PCE y menos UGT y PSOE hicieron nada para extender estas luchas y coordinarlas contra las medidas de Suárez.
Recordemos también que el Estatuto de los Trabajadores en 1980 abrió las posibilidades de la contratación temporal frente a la estabilidad en el empleo, y propició la integración de las cúpulas sindicales en el Estado. En esa época CCOO se opuso al Estatuto haciendo movilizaciones masivas.
En palabras de Marcelino Camacho: el Estatuto establece una mayor flexibilidad de plantillas, (…) con el Estatuto existen «más causas de despido que antes», reduce los derechos de los representantes de los trabajadores y sienta las bases de un «sindicalismo burocrático», en lugar de un «sindicalismo participativo». Palabras proféticas que explican la situación actual de la burocracia sindical y la falta de asambleas y debate democrático en las empresas.
Añadiremos que la llamada “concertación social”, entonces se le llamaba “pacto social”, era rechazada por buena parte de la clase trabajadora organizada y de la izquierda y que a partir de los Pactos de la Moncloa se introduce con calzador en la clase trabajadora por las dirigencias de la época de CCOO y UGT y los partidos obreros, PSOE y PCE.
Solo la lucha obrera podrá frenar la precariedad y los despidos
Todas las RL desde el Estatuto en sus preámbulos y objetivos explican que “el mercado laboral” en España adolece de un desempleo estructural perenne y de una precariedad laboral con un número de trabajadores pobres y sin formación que aumenta según los ciclos de crisis. Y todas quieren solucionarlo con “flexibilización”: es decir facilitando los despidos y pagando menos de indemnización, para después contratar por horas, semanas o meses.
En una sociedad en crisis económica que se arrastra desde la última de 2007/2008, agravada por la pandemia y endemia permanente, la economía en manos del capital no puede funcionar jamás a favor de los trabajadores.
El capital no puede invertir, no funciona, sin beneficios y en una competencia mundial feroz por obtener mercados y mercancías más baratas, se desata una guerra contra la clase trabajadora para abaratar la mano de obra. Es la única salida del capital para obtener beneficios y que funcione la economía.
Así, mientras se producen millones de vacunas para los países ricos, éstas no llegan a población mundial pobre, porque no se obtienen beneficios para los accionistas de las multinacionales farmacéuticas. Y estos beneficios solo pueden provenir de la explotación del trabajo.
Por eso en la actual “reformita” laboral no se tocan los despidos, ni la temporalidad o las ETT y sólo se limitan ciertos abusos de los contratos temporales. Sin embargo, sí subvencionarán con dinero de los fondos europeos a la patronal y les exonerarán de pagar salarios, cotizaciones e impuestos. Jamás eliminaremos la precariedad laboral sin impedir los despidos y eliminar la temporalidad.
Sin lucha obrera, no es posible impedir el círculo infernal de la reproducción del sistema económico, en busca de la explotación del trabajo y mayores beneficios empresariales. Este combate tendría que dotarse de un programa de lucha y de reivindicaciones nacidos del debate en asambleas obreras que impidan la valorización del capital a costa de los asalariados.
Y estas reivindicaciones no serían otras que la prohibición de los despidos, el reparto del trabajo entre todos y todas sin bajar los salarios, la investigación de las contabilidades de las empresas, el control obrero de la producción y las subidas salariales indexadas al IPC.