Con motivo del 20 aniversario de la muerte de Franco, las autoridades, los hombres políticos y los periodistas han querido antes que nada celebrar “el inicio de la transición democrática”. Tras sus discursos, tenían la intención evidente de cerrar los ojos sobre los crímenes de Franco, y más que nada sobre las responsabilidades que asumieron, durante su larga dictadura, los grupos sociales y los hombres que hoy día permanecen en el poder y dominan “la España democrática”. Pues muchos están colocados en el aparato de Estado, en los partidos políticos o en los negocios, de los que iniciaron su carrera o edificaron su fortuna bajo Franco. Empezando por el propio rey. Este héroe de la democracia, que no es más que el heredero nombrado por Franco, estuvo asociado al poder durante diez años en la dictadura.
Pero la propia Transición alabada por todos hoy, con la perspectiva de veinte años, tiene que ser considerada (aunque haya permitido la legalización del movimiento obrero) como el éxito de las clases dirigentes para estabilizar un régimen de democracia parlamentaria, pero de ningún modo modo como una conquista cualquiera que sea de los trabajadores.
La necesidad de la reforma política
La muerte de Franco significó indiscutiblemente un viraje en la vida política española, pero el problema de la liberalización del régimen hacía años que estaba planteado por las clases dominantes, que no encontraban sólo ventajas en el mantenimiento de éste.
En primer lugar, el régimen se había desgastado, y la necesidad de estructuras capaces para servir de amortiguadores, tales como los sindicatos y el parlamento, era cada vez más sentida. A partir de 1960, en la mayoría de los numerosos movimientos huelguísticos, los sindicatos oficiales habían sido ineficaces, y cada vez que los patronos querían llegar a un compromiso con los huelguistas, debían resignarse a negociar con los hombres de las ilegales Comisiones Obreras. Esto no sólo era molesto en lo inmediato, significaba además que en caso de una explosión social, no se dispondría de ningún tope, de ningún resorte capaz de amortiguar el choque, como se había visto ya en huelgas generales de carácter local, como las de Ferrol, Vigo o Pamplona en el período 72-73.
No sólo en el terreno social el régimen era una rémora, también en el económico. Los sectores de la burguesía que necesitaban un comercio más fluido con Europa, y deseaban la entrada de España en el Mercado Común, se encontraban con el problema de la liberalización del régimen, como condición imprescindible del resto de los países miembros, que no podían establecer relaciones de libre competencia (por relativa que ésta fuera) con un país en el que las condiciones de trabajo y salarios se regulaban a porrazos.
El propio régimen franquista había hecho algunos intentos de liberalización ante las presiones internas y las internacionales. Esos intentos no habían supuesto practicamente avances, y la mentalidad de Franco no era la más propicia para impulsarlos. Sólo dos meses antes de morir, había firmado las cinco últimas penas de muerte contra dos militantes de ETA, dos del FRAP, y un anarquista.
Desaparecido Franco, era evidente que su régimen no podía sobrevivirle. El ejemplo del Portugal vecino, donde una grave crisis social y política había acompañado el fin de la dictadura – aunque la iniciativa ha venido de un grupo de oficiales que no veían salida a las guerras coloniales, incitaba la burguesía española a hacer todo para que la transición hacia un régimen de tipo parlamentario se efectuara con calma. En España el riesgo para la burguesía era potencialmente mucho mayor por el lado de la clase obrera. Todos los que habían luchado contra el franquismo amenazaban con exigir mucho más que un mero cambio de instituciones. ¿No restablecería la clase obrera sus tradiciones revolucionarias? En todo caso, sus tradiciones de combatividad, de solidaridad y de radicalismo en los combates eran profundas, y la clase obrera acababa de demostrarlo de nuevo en los últimos años de la dictadura.
La burguesía no podía llevar a cabo la operación de transición política apoyándose en la sola derecha que se hallaba demasiado comprometida a causa de sus numerosos lazos con la dictadura. La derecha era totalmente incapaz de proporcionar fuerzas políticas o incluso hombres con un mínimo de crédito para poder representar la imagen de un cambio para la población. Los únicos partidos que disponían de ese crédito eran los partidos de izquierda, las organizaciones obreras. Estos partidos, sobre todo el Partido Comunista Español, disponían de miles de militantes que habían demostrado su valor y su determinación bajo la dictadura. El PC Español se valió de su auditorio y de su crédito para engañar a los trabajadores, y no para permitirles imponer sus reivindicaciones y ganar posiciones en la sociedad para preparar el futuro. Con Comisiones Obreras, y al lado del PSOE y de la UGT, el PCE se dedicó a la más descarada colaboración para permitir a la burguesía controlar y asegurar la cacareada “transición democrática”.
Tras su nombramiento en julio de 1976, Adolfo Suárez, hombre oscuro del aparato franquista, avalado por los banqueros y el embajador de los Estados Unidos, puso en marcha rápidamente la reforma, y en el mes de agosto recibió al dirigente del PSOE, Felipe González, para intentar la colaboración de la oposición de izquierdas en su juego. Un mes más tarde, reunió a los altos mandos militares para exponerles sus proyectos, que incluían la legalización de todos los partidos políticos, excepto el PCE. “Nosotros no podríamos hacer esto, por respeto a nuestros muertos y por patriotismo”, habría dicho a los militares.
El referéndum organizado el 15 de diciembre de 1976 sobre la reforma política constituyó un indiscutible éxito personal para Suárez y su equipo. No tuvo ningún gesto hacia la oposición capaz de justificar el que ésta llamara al “Sí”. Quiso demostrar que no la necesitaba para hacer aprobar su política. A pesar de la llamada, bastante tardía por cierto, del PSOE y del PCE a la abstención, la participación fue del 77,6% y el 94% de los votantes (73% del censo) se pronunciaron afirmativamente.
A partir de ahí, los partidos obreros han hecho todo lo posible para convencer a los trabajadores que había que establecer, en la sociedad española, un consenso que no habría de ser amenazado por ninguna reivindicación “excesiva”. Para “acabar con el franquismo”, había que “superar la guerra civil” y no hacer nada que pudiera provocar otra. Entonces no quedaba más remedio que aceptar la “transición”, tal como la quería la burguesía. Se abrían las cárceles franquistas, pero no se juzgaba a ningún criminal de la dictadura. Se dejaba a Franco pero se conservaba al heredero que había elegido. Se organizaban elecciones parlamentarias pero se coronaba a Juan Carlos rey de España…
La legalización del PCE
Era el punto más conflictivo de la Transición. Había que hacerla aceptar por unos y procurar que los demás se conformen con ella.
Tras el asesinato de los abogados laboristas de Atocha por elementos de la extrema derecha, la movilización de su entierro en enero del 77 demuestra una fuerza numerosa y también una rabia contenida a duras penas por la dirección del partido.
Ya desde finales de agosto de 1976, se había establecido un contacto regular entre Suárez y Carrillo a través de José María Armero, un abogado discreto, como relata Joaquín Bordavio en su libro “Sábado Santo Rojo”. Estos contactos culminaron con una entrevista secreta entre Suárez y Carrillo celebrada el 27 de febrero de 1977, en el curso de la cual Carrillo habría confirmado que estaba dispuesto a comprometerse en una política de consenso si se legalizaba al PCE, y ofreció como primer gesto en este sentido la aceptación de la bandera de la monarquía, es decir del franquismo, abandonando la republicana.
El 9 de abril de 1977, sábado santo, el Partido Comunista de España era inscrito en el Registro de las asociaciones legales con el número 126.
Los militantes salieron a la calle y hubo manifestaciones esa noche y el día siguiente, caravanas de coches, pitidos y banderas en todas partes. Hubo también desde luego algunos remolinos dentro del ejército. El almirante Pita de Veiga presentó incluso su dimisión del gobierno en señal de protesta. Pero la legalización del PCE era tan necesaria para la buena marcha de la operación “liberalización”, que todo se calmó rápidamente.
La adhesión del PCE a la monarquía, aún parlamentaria, ocasionó fuertes tensiones dentro del partido.
El viraje no era tan brusco. Hay que recordar que en el transcurso de los años 50, después de abandonar la orientación guerillerista que había mantenido durante la Segunda Guerra Mundial y los años siguientes, el PCE había adoptado una política apuntando a buscar acuerdos con todas las fuerzas políticas favorables al fin de la dictadura (incluso con fuerzas que provenían del franquismo). En este caso, sin embargo, el que la monarquía, el rey, la bandera – en el nombre de la que habían sido muchos de ellos perseguidos, torturados, encarcelados – y el ejército franquista se admitieran como tabú para la crítica, era demasiado para muchos de ellos.
Pero el indubitable éxito que para la mayoría de los militantes suponía la legalización tras 38 años de ilegalidad acalló las críticas. Muchos militantes creyeron firmemente que su dirección realizaba otra nueva e inteligente maniobra con la que engañar a la burguesía, pero que su objetivo real era seguir hacia el socialismo y no el de consolidar la democracia burguesa.
Los pactos de la Moncloa y la aceptación de la Constitución
En junio de 1977, se celebraron las primeras elecciones libres después de 1936. El éxito de Suárez fue entonces menos espectacular de lo que había sido en el referéndum, ya que los partidos de izquierda apenas recién legalizados PSOE y PCE obtuvieron más del 40% de los sufragios, con una ventaja ya clara a favor del PSOE.
En octubre del mismo año, el PSOE y el PCE firmaron con los demás partidos, incluso los partidos de derecha repletos de antiguos franquistas recién convertidos, el “pacto de la Moncloa”. En este pacto, todos prometían (pero esto sólo concernía a los partidos de izquierda, para quienes esto tenía un sentido) moderar las reivindicaciones económicas y sociales para preservar las nuevas instituciones democráticas.
Las organizaciones obreras disponían de un gran crédito entre los trabajadores. La afiliación masiva a los sindicatos desde su legalización y el gran éxito de CCOO en las primeras elecciones sindicales lo demostraban. Pero este crédito, lo emplearon sólo para convencer a los trabajadores que tenían que aceptar componendas tras componendas. Para ellas, no se trataba de utilizar las nuevas condiciones para avanzar en las luchas obreras, se trataba de lo contrario, renunciar a las luchas obreras para garantizar las nuevas condiciones. Estas nuevas condiciones estaban definidas por la Constitución, adoptada y aceptada por los partidos de izquierda en diciembre de 1978.
El golpe de Estado del 23 de febrero
El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Tejero, de la ultra reaccionaria Guardia Civil, irrumpió en plena sesión de investidura del nuevo presidente del gobierno Calvo Sotelo en la cámara de diputados, al frente de 288 guardias civiles y algunos militares. Al tiempo el gobernador militar de Valencia, Miláns de Bosch, sacó los tanques a la calle. Lo que en principio pudiera parecer un golpe de un loco aislado iba cobrando visos de un aviso más serio. El general Armada, hombre de confianza de la casa del Rey, aparecía implicado en el intento golpista. En cualquier caso el intento de golpe demostraba que habían bastado un puñado de hombres armados para reducir a la impotencia a gobierno y parlamento, y que mientras Tejero había mantenido a los diputados bajo sus escaños, cuerpo a tierra ante los fusiles, el porvenir del régimen había dependido de la actitud del Estado Mayor.
Si los objetivos del golpe eran el regreso a una dictadura militar aparentemente éste fracasó. Sea lo que fuera, independientemente de los objetivos del propio Tejero, el resultado ha sido demostrar que la amenaza del ejército era real, para que el movimiento popular terminara de asumir, desarmado moral y físicamente como estaba para enfrentar una situación así, los límites de la democracia burguesa.
Y esta vez también, los partidos obreros y los sindicatos desempeñaron un papel decisivo. Frente al peligro, procuraron no pedir a los trabajadores que organizaran su propia defensa. Lo hicieron todo para convencerlos de que el rey y el parlamento eran su mejor amparo. No querían en absoluto que la clase obrera contestara con sus armas y se diera cuenta de su fuerza.
Así utilizaron toda la influencia que tenían para llevar a la clase obrera a la manifestación unitaria en la que, en nombre de la democracia, se prohibieron cualquier signo de clase, pancartas, banderas rojas y se desfiló tras la bandera de la monarquía, en apoyo al rey y a la democracia del brazo del ex-ministro franquista Fraga. Los piquetes de orden, militantes obreros en su mayoría de los sindicatos y del PCE por supuesto, no dudaron en recurrir a las manos contra los obreros que iban con alguna bandera roja.
Lecciones para el futuro
La Transición se hizo sin tropiezos y sin daño para la burguesía. El PCE no ganó más que una sucesión de fracasos electorales y de escisiones. El PCE fue el que desempeñó el papel principal para que las clases populares admitieran la necesidad de aceptar callar sus aspiraciones a un verdadero cambio. Las capas burguesas y pequeñoburguesas, e incluso importantes sectores de trabajadores, dieron sus votos al PSOE que, desde que ganó las elecciones de 1982, tiene la responsabilidad del poder.
A partir de 1982, el mismo PSOE impuso sin fallar una política de austeridad y asumió la dirección del aparato de Estado heredado del franquismo. Con todo lo que esto significa como represión, guerra sucia contra los militantes vascos y corrupción. Hoy día, los dirigentes del PCE y del PSOE se afanan por decir que no hay otro camino posible. Después de haber anestesiado la fuerza que representaba la clase obrera, dicen que los trabajadores no hubieran tenido la posibilidad de imponer otra salida. El PCE intenta restablecerse políticamente. Con la coalición que organiza, Izquierda Unida, la formación con auditorio nacional más “de izquierdas”, espera suscitar nuevas ilusiones entre los trabajadores.
Pero veinte años después de iniciarse la Transición, es importante que los militantes de la clase obrera saquen el balance de un periodo que ha sido decisivo.
Es vital recordarse y entender como el PCE consiguió destrozar las posibilidades que tenia la clase obrera de restablecer su pasado revolucionario. Como sacrificó un capital militante considerable para proteger los intereses de la burguesía y servir de escalón para todos los convertidos del franquismo. Y esto en la continuidad del papel contrarrevolucionario que el mismo PCE, también junto con el PSOE, había desempeñado durante la guerra civil en 1936-1939. Si una nueva generación de militantes obreros se da cuenta de esto y saca las conclusiones, nada irremediable se habría perdido durante este periodo.
Lucha de Clase, 1995
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