Hace poco nos enteramos por la prensa como, con la crisis hipotecaria y financiera, sí que tomaron medidas los bancos, pero no para regularse ellos, sino para regular de nuevo la economía a su favor; ha servido de excusa para salir a flote, mantenerse y sortear futuras hecatombes ‘pactando’ con el Gobierno medidas de inyección constante de capital público, que permitiera a los bancos mantener un nivel de ingresos, justificado por la posibilidad de futuras caídas; la banca argumenta que para no tener que pedir dinero en la próxima crisis, mejor asegurarse de tener un colchón suficientemente mullido, mediante el robo a la población trabajadora.
Bajo la denominación técnica de ‘deuda’ y con el apoyo incondicional del Gobierno, que ha colaborado en la modificación de la Constitución, en la creación de leyes que priorizan los intereses financieros de los grandes bancos, y un flujo de dinero constante, el Gobierno es el gestor de un fondo de capital Estatal para mantener los negocios financieros. El Gobierno se convierte de hecho en fiscalizador, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas se someten a un techo de gasto, intervenciones ‘legalizadas’ y un endeudamiento crónico.
Con la crisis financiera, a partir del estallido de la burbuja inmobiliaria, los bancos fueron ayudados por el Estado, con miles de millones procedentes de las arcas públicas. A partir de entonces, los gastos en inversiones a la población se verán disminuidos. Comienza un periodo de recortes de servicios públicos brutal, afectando a sanidad y educación principalmente, donde miles de trabajadores perdieron sus puestos de trabajo. Además de arrastrar a otros servicios municipales en su caída; dependencia, servicios de mantenimiento de diversas áreas en Ayuntamientos, por supuesto adicionado con mermas considerables de trabajadores. A partir de la crisis, debido a las restrictivas normas de crédito muchas pequeñas empresas o autónomos perdieron su trabajo.
Las grandes empresas reclaman, al igual que hicieran sus primos los bancos, su lugar en el reparto… El Gobierno, grandes bancos y empresarios preparan soluciones para llevar ‘estabilidad’ a estas grandes empresas, sobre todo del Ibex 35. Las reformas laborales son la vuelta a la esclavitud en muchos centros de trabajo, donde los trabajadores se debaten: en un extremo está el despido sin indemnización alguna y del otro las jornadas extenuantes a cambio de salarios miserables. Gracias a estas reformas aparecen los contratos a la carta, las empresas tienen más libertad y facilidad además de protección jurídica en aplicación de los EREs, ERTEs, pueden adecuar las condiciones laborales de la plantilla de trabajadores a sus exigencias y previsiones, aún de forma más salvaje.
Los trabajadores pierden muchos de los derechos adquiridos, jornadas, turnos, sueldos… se ven obligados a competir entre ellos mismos en el mercado de trabajo que las empresas se han encargado de moldear a su gusto, donde el premio es más esclavitud por menos salario. La protección que debiera corresponder a los sindicatos se esfuma; a fin de cuentas, ellos se sentaron a la mesa con Gobierno, empresarios y banqueros.
La banca se sostuvo gracias a la inyección millonaria de Gobierno, utilizando el dinero de la gente y engañando, de nuevo al declarar que devolvería todo, una vez saneadas sus cuentas. De los cerca de 57.000 millones de dinero público entregado a la banca y arrebatados a la población trabajadora, tan sólo ha devuelto unos 3.800 millones. Todo ese dinero podría generar empleos, mejoras de los servicios públicos en sanidad y educación, mejorar las prestaciones sociales, pero nada de eso está previsto que ocurra.
Con la aplicación del techo de gasto, desaparecen inversiones en Servicios Públicos, ayudas sociales a familias, parados, colectivos más desfavorecidos, etc.. disminuyen o han desaparecido por completo. La tasa de población en el umbral de la pobreza alcanza al 22% de la población.
La situación no la van a mejorar los políticos, como vemos, son parte del problema. La situación solo podrá cambiar cuando la totalidad de la clase trabajadora consciente salga a la calle con la intención de imponer ella misma los cambios.