En 1965, el Partido Comunista Indonesio (PKI) contaba con 3,5 millones de miembros y unos 15 millones de
Mitin del PKI en 1955
simpatizantes. Se decía entonces que era el partido comunista de Asia más poderoso después del partido comunista chino, del que estaba próximo.
Después de un breve periodo de oposición, el PKI fue desde 1951 un leal aliado del dictador nacionalista Sukarno que dirigía el país con mano de hierro. Justificaba este apoyo calificándolo de “alianza de fuerzas nacionales, religiosa y comunistas” que debía permitir pasar al socialismo por la vía electoral.
A partir de 1957, cuando el PKI se convirtió en el primer partido electoral, Sukarno estimó que había llegado el momento de deshacerse de este aliado. Las declaraciones de fidelidad al ejército indonesio que el PKI multiplicaba no impidieron a este último volverse ferozmente contra él. En septiembre de 1965, los militares utilizando el pretexto de que unos generales cercanos al PKI amenazaban con derribar a Sukarno lanzaron una operación contra el PKI en todo el país.
Militantes y simpatizantes del PKI pagaron a un altísimo precio los compromisos de sus dirigentes. Las ilusiones que habían mantenido de alianza con Sukarno les habían desarmado moral y políticamente. La sangrienta represión, que aniquiló al PKI, aseguró a la dictadura treinta años suplementarios de poder. Suharto que había conducido la represión anticomunista y que sucedió a Sukarno en 1968, solo fue expulsado realmente en 1998.
Un milIón de personas sospechosas de ser miembros o simpatizantes del Partido Comunista fueron masacradas y centenares de miles encarceladas. Una represión que todavía pesa hoy después de casi cincuenta años. “Como ex presos políticos, ha explicado un antiguo prisionero comunista, nos es difícil obtener un crédito bancario o una ayuda para la vivienda. Los empleos de funcionarios nos son prohibidos (…) no podemos ni enseñar ni ejercer la medicina.”
La comisión ha sugerido que el gobierno indonesio presente a las víctimas excusas oficiales, lo que es irrisorio. Nada indica, por el momento, que el actual gobierno indonesio de cauce a esta recomendación. Tanto más cuanto que desde 1965 los dirigentes indonesios y los medios de comunicación, han practicado, a propósito de la matanza y de las persecuciones que siguieron, la ley del silencio.
por Jacques FONTENOY
Traducción: F.P.
Tomado de Kaos en la Red