El gran engaño de la Transición

Por qué no se puede reformar la naturaleza del Estado capitalista

El análisis de la situación de los años de la Transición y la actualidad es imposible, sin entender que el Estado es un aparato de poder que administra la violencia, gestiona la política y está al servicio del grupo social que posee los medios de producción y financieros, la burguesía. Y que en la sociedad capitalista el funcionamiento económico no es posible sin la explotación del trabajo colectivo de la sociedad. Los beneficios son el motor del capital; los grandes empresarios, los financieros y banqueros necesitan mantener sus ganancias para que la economía se sostenga. De ahí la desigualdad en aumento, las crisis económicas periódicas y como consecuencia, la lucha de clases. Los políticos no son más que el escaparate de la crisis, a través de los cuales se oculta el verdadero poder: los capitalistas.

Fóto de la policía armada, “grises”, reprimiendo una manifestación universitaria.

Policía armada, “grises”, reprimiendo una manifestación universitaria.

Hoy, como ayer el régimen político franquista, el régimen nacido en 1978 de la Constitución monárquica, es incapaz -hasta ahora- de frenar su descrédito ante los problemas de corrupción, crisis, paro, etc. Entonces, en la Transición, la burguesía buscó la forma de mantener el aparato de Estado, es decir, los jueces, la policía, el ejército, la alta burocracia de la administración y garantizar así su poder económico y político sin que su dominación pudiera ser cuestionada. La Transición no fue, pues, más que el paso a ciertas formas democráticas parlamentarias de gobierno y de libertades públicas, que mantuviera los fundamentos del Estado y la sociedad capitalista.

Todos los altos funcionarios del Estado actual, y los jefes políticos del PP y PSOE, así como los grandes medios de comunicación, no cesan de hablar de democracia, Estado de derecho, legalidad y libertad. Y hablan en general y en abstracto de democracia como la forma suprema de libertad y de participación popular.

La maniobra de esta falsificación de la realidad consiste en separar el poder económico del político. Así mientras que los capitalistas mantienen su poder económico y social a través de la propiedad privada de los medios de producción, el sistema político independiente orgánicamente del capital, permite la ficción de que el poder del Estado a través de las leyes y del parlamento puede cambiar, cada cuatro años el gobierno, y por lo tanto las leyes y la sociedad. El argumento es el siguiente: “si no se está de acuerdo con el gobierno, lo único que hay que hacer es esperar cuatro años y presentarse a las elecciones.” La Constitución y la libertad de expresión permiten hacerlo. Sin embargo este argumento, que parece impecable, no es más que una falacia que esconde los intereses de quienes detentan el poder político y económico, a saber, de la burguesía y sus políticos.

Esta falacia empieza a entenderse en los momentos de crisis económica y social como los actuales, dónde se ve claramente que esta visión de la democracia no funciona. Empieza a chirriar la maquinaria ideológica porque, ¿cómo es posible que la Constitución declare el trabajo y la vivienda como derechos de todos y haya 6 millones de parados, despidos y desahucios a mansalva, y la pobreza, la miseria y el hambre llegue a millones de familias en todo el país? Cambian los partidos y sin embargo siguen los problemas. Los mecanismos para que todo siga igual van desde la corrupción y compra de los partidos políticos, al control de los medios de comunicación, pasando por la utilización de la represión y el miedo.

De nada servirá exigir el cumplimiento de la Constitución, demandar judicialmente al gobierno de turno por no cumplirla. Pues siempre dirán que no tienen dinero, que no hay competencias, etc. y es aquí donde se encuentra el engaño de la democracia capitalista. Al contrario de las antiguas sociedades de explotación humana, como la esclavista o la feudal, la sociedad capitalista separa en dos esferas la sociedad política, el Estado y la sociedad económica y social. En el mundo feudal o esclavista, por ejemplo, el poder político, el Estado, y el poder económico estaban unidos. Fácilmente se identificaba la opresión económica y el poder político como el mismo: el señor feudal, emitía justicia, cobraba impuestos, tenía su ejército y además era dueño o poseedor de las tierras donde explotaba el trabajo del campesino que lo alimentaba. Lo mismo ocurría con la esclavitud. Eran sociedades más rudimentarias donde la violencia era directa sobre los oprimidos y la justificación ideológica se realizaba a través de la ignorancia, la iglesia y la superstición.

En la actualidad cuando hablamos de democracia o de república, se olvida que la base económica de la sociedad determina el Estado. En la más remota prehistoria, cuando los hombres se dedicaban a la caza y la recolección, la producción de excedentes era casi nula. Además, por las características de sus productos, esos excedentes no se hubieran podido almacenar. Pero desde las primeras actividades productivas, el excedente permitió emprender el hábito de intercambiar productos. Dando un gran salto en la historia hoy las sociedades capitalistas se basan en la explotación del hombre por el hombre, sea de forma autoritaria o democrática. En las sociedades humanas divididas en clases sociales el poder del Estado es el monopolio de la violencia para mantener la dominación sobre las clases trabajadoras.

En el capitalismo, la explotación económica del trabajador no tiene expresión jurídica y política directa. La explotación social del trabajo no está en las leyes, no hay elementos jurídicos, aparece solo en la esfera económica y se da por tener los medios de producción en manos de la burguesía. La política, el parlamento, el Estado aparecen separados y a la gente les cuesta identificarlos fácilmente como ocurría en el feudalismo. Es la ocultación de la explotación capitalista a través de la democracia política que aparece como detentadora del poder económico cuando realmente está supeditada al capitalismo. Entender esta crítica de Marx, significa dar en la diana del problema. No habrá jamás solución a la crisis económica del pueblo trabajador si no eliminamos de raíz la causa que lo provoca, el capitalismo, con la expropiación de los medios de producción.

El Estado, por consiguiente, no es más que la organización política de la sociedad que ejerce el poder a través de la coerción de los medios policiales y militares, la justicia, la administración y la hacienda pública. Y este poder obedece a la clase social que tiene en sus manos el poder económico a través de la propiedad de los medios de producción. Sea la forma de Estado que sea, república democrática o dictadura, monarquía absoluta o constitucional, cualquier régimen político imperante en una sociedad de clases, el Estado es la maquinaria de poder contra los oprimidos.

La gran matanza del franquismo: la lógica violenta del Estado capitalista

El primer acto político de Felipe VI, después del “besamanos” de la coronación fue su encuentro con las víctimas del terrorismo de ETA y del 11M. Esta elección del monarca marca en sí misma el carácter del régimen nacido de la Transición. Para la clase dominante y el aparato de Estado el terror siempre viene de un lado, de ETA o de los terroristas, pero nunca del propio Estado al que llaman de derecho. Los millones de víctimas del franquismo, en la lucha de lo que se ha llamado la recuperación de la memoria histórica, siguen siendo despreciadas. Ni siquiera se reconoce el genocidio de la clase trabajadora, la gran matanza que supuso el franquismo. Es más, cuando el juez arzón intentó legalmente sacar a la luz el problema – cuantificó más de 114.000 personas asesinadas y/o desaparecidas hasta ahora, fue removido del cargo y enjuiciado.

Fóto del masacre de Badajoz, 1936

Masacre de Badajoz 1936, fusilados por los franquistas en el cementerio de Badajoz.

En el pacto entre el aparato franquista y el PCE, PSOE en los años de la Transición, se ocultó la represión del régimen franquista y del Estado. La ley de amnistía no sólo permitió salir de la cárcel a los presos antifranquistas, supuso la exoneración de responsabilidades políticas, penales y judiciales a todos los asesinos, torturadores y verdugos, criminales de lesa humanidad, del aparato franquista y el propio Estado fascista.

Durante los años de la Transición – de 1976 a 1982 – hubo cientos de muertos provocados por la extrema derecha y los cuerpos represivos del Estado, 188 personas murieron en manifestaciones obreras y estudiantiles, controles policiales, atentados de extrema-derecha y terrorismo de Estado. Otros autores datan las muertes en 233 personas. Todas estas víctimas han quedado también ocultas bajo el pacto de los partidos de izquierda – PCE, PSOE – en la Transición. Sin embargo, si se escuchan los medios, parece que os únicos muertos por el terror han sido los provocados por ETA.

No es casual la negativa a aceptar la evidencia de la represión franquista por los estamentos oficiales, que significaría sacar a la luz el engaño, la manipulación realizada durante décadas e incluso ya en la monarquía parlamentaria. No quieren sacar a la luz la represión de clase, contra los trabajadores y movimientos de izquierda que pusieron en cuestión la sociedad capitalista ya que explicaría que el franquismo no fue más que la salvación de la burguesía a costa de la matanza del pueblo trabajador. Y no es casual, porque mientras mantengan oculta la represión de clase contra los trabajadores y los más pobres, mantienen oculta la dominación de clase del capitalismo.

La histórica sumisión a la burguesía de PCE y PSOE

La llamada “memoria histórica” significa también sacar a la luz pública la actuación del PCE y PSOE durante la Transición, la sumisión a la burguesía de los dos partidos, que a cambio de sillones parlamentarios, tragaron con la aceptación del régimen y el sistema económico imperante.

Cartel Asturias 1934

Esta sumisión a la burguesía del PCE y PSOE no es nueva, de los años 70 y 80. Procede de la política contrarrevolucionaria que, tanto el PCE como el PSOE, realizaron en la revolución española de los años 30. Estos durante la II República y la guerra civil, en lugar de apoyarse en las ansias de cambio social del proletariado, se sometieron a los dictados de la burguesía republicana. La revolución de octubre, la Comuna Asturiana de 1934 fue aislada, dejada a su suerte, sin que su programa de democracia obrera y socialismo fuera apoyado por la CNT, PSOE y PCE en el resto de España. Las Alianzas Obreras, la UHP, ¡Uníos Hermanos Proletarios!, la unidad de frente único de los trabajadores, fue sustituida por el programa del Frente Popular, un programa de sumisión a la burguesía republicana. Y finalmente en plena guerra civil, 1937 marca la represión de los revolucionarios y de la revolución social realizada en la zona antifranquista. La ilusión que difundieron entre los trabajadores y los resistentes, apoyando a las potencias imperialistas al final de la II Guerra Mundial porque éstas –supuestamente – no tolerarían a Franco, marcó el hundimiento de la primera resistencia a la dictadura.

Camión UHP

La gran matanza del franquismo desvela la realidad de la violencia del Estado capitalista cuando entra en crisis profunda. El Estado es una maquinaria represora al servicio de la clase dominante. Independientemente de su forma y de la gestión más o menos democrática de sus gobiernos, el Estado es la herramienta que permite a la burguesía mantener su dominio de clase. Es la naturaleza de clase del Estado lo que marca el destino de los trabajadores y la experiencia histórica nos enseña que las clases dominantes no van a dejar su poder político y social sin antes utilizar la violencia más extrema. Prepararnos para tales crisis, significa conocer los hechos y preparar la batalla de clase al lado de los trabajadores en contra del sistema económico que propicia esta barbarie.

De 1975 a 1982, los cambios que sostuvieron el capitalismo: analogías y diferencias con la actualidad

El Estado, no es sólo el parlamento y sus leyes, son también los altos funcionarios, la policía, el ejército, los servicios de seguridad, el sistema judicial. Todos ellos fueron mantenidos durante la Transición y con ciertos cambios de maquillaje, proceden del Estado franquista. Por poner un ejemplo la actual Audiencia Nacional, que es un tribunal especial, proviene del Tribunal de Orden Público de la dictadura, el famoso TOP. Los políticos que gestionan parte del Estado no son más que la primera barrera del poder de la burguesía para mantener la ficción de que con el voto se cambian los gobiernos, para no cambiar nada fundamental.

Tras la muerte del dictador, después de la revolución de los claveles en Portugal, era peligroso “desestabilizar” la situación manteniendo una política autoritaria. Era necesario, por tanto, legalizar a los partidos y sindicatos de la izquierda, crear un clima de opinión favorable al rey y a la derecha, estabilizar la situación social y quebrar la lucha obrera.

Fóto de Manuel Fraga Iribarne con Santiago Carrillo

Manuel Fraga Iribarne y Santiago Carrillo, fundador de Alianza Popular grupo derechista franquista y antecedente del actual Partido Popular, y secretario del PCE, respectivamente.

A la muerte de Franco había tres opciones para sostener el sistema económico. En primer lugar estaba el llamado “bunker franquista” que quería mantener, con retoques, la dictadura. Arias Navarro y su “espíritu del 12 de febrero” pretendía “liberalizar” las Cortes con elecciones restringidas a las “asociaciones” del entramado dictatorial. Los neo franquistas, en segundo lugar, Adolfo Suárez, el rey Juan Carlos, Torcuato Fernández Miranda etc., pretendían reformar desde las leyes franquistas para llegar a la democracia parlamentaria burguesa. Y finalmente la oposición primero en la Junta Democrática, después en la Coordinadora Democrática -la Platajunta liderada por el PCE y después también en segundo lugar por el PSOE- que pretendía la “ruptura democrática” a través de un proceso constituyente y un gobierno de coalición provisional.

Hoy, los parecidos son evidentes, aparecen tres alternativas a la crisis del régimen de la Transición. Mantener la Constitución con meros retoques con el PP de apoyo, reformarla hacia el federalismo dentro de la legalidad de sectores del PSOE y la “ruptura democrática” con un “proceso constituyente”, hacia la “III República” propuesta de IU y de los nuevos movimientos sociales y partidos aparecidos después del 15M.

En una situación de crisis económica grave, en plena dictadura política, la llamada crisis del petróleo de 1973, con un movimiento obrero solidario y en lucha que conseguía subidas salariales impensables ahora, la prohibición del despido libre, con la patronal cediendo ante los trabajadores, la burguesía no podía hacer otra cosa que preparar el pacto con los partidos de izquierda para impedir su deterioro y la aparición de organizaciones revolucionarias que pudieran poner en entredicho su poder.

Con el reflujo de las luchas, el PCE y CCOO haciendo de bomberos de la patronal, los pactos de la Moncloa, y la integración del PCE y PSOE en el Estado, la movilización obrera se frenó, las direcciones de las organizaciones sindicales mayoritarias pactaron con el Estado, creando una burocracia sindical que serían y son el tapón que impide salir el descontento obrero. El golpe del 23F, tramado desde el aparato de Estado y con las maniobras del rey, consiguió que la estabilidad llegara con el miedo. Y ya con los socialistas, Felipe González terminó de golpear las columnas vertebrales del movimiento obrero nacido en el franquismo.

La reconversión industrial y los pactos sociales entre gobierno, sindicatos y patronal, hicieron que la crisis la pagaran los trabajadores. A cambio, los sindicatos y sus dirigentes obtuvieron puestos políticos en el Estado, prerrogativas, liberaciones y privilegios para la negociación en las empresas, y se le tapó la boca a los trabajadores de las grandes empresas formándose una aristocracia obrera, mientras que la mayoría de la clase trabajadora vivía largos periodos de paro, temporalidad y precariedad. Y para que la patronal mantuviera sus ganancias, sucesivas reformas laborales hicieron del empleo fijo y digno, un bien escaso, del despido barato o a coste cero un hecho y de los EREs una forma de ayuda a la patronal para despedir a trabajadores colectivamente con ayuda de los sindicatos mayoritarios y el Estado.

Salvar o destruir el aparato de Estado de la burguesía, es el fondo del problema

A partir del estallido de la crisis en 2008, la crisis política del régimen nacido tras la muerte del dictador, se ha recrudecido sacando a la luz todo el entramado de corrupción entre los políticos y grandes empresarios, exacerbándose la explotación social de los capitalistas y la connivencia de éstos con el Estado y los gobiernos, tanto del PSOE como del PP.

El robo de lo público no deja títere con cabeza. La casa real y el propio Juan Carlos están implicados. Son un secreto a voces, sus negocios y comisiones con las grandes empresas que lo han convertido en multimillonario y la desvelada actuación e implicación en el golpe de Estado del 23-F. El descrédito generalizado de la monarquía entre la población ha llevado a sectores del régimen y a políticos del PP y PSOE a presionar para su abdicación, para salvar la monarquía o por lo menos aminorar el impacto.

Juan Carlos sobre el 23-F

Los recortes sociales, el desempleo masivo, la bajada de salarios y la inestabilidad en el empleo, los despidos y EREs, la subida de impuestos a la población, y la subida de los precios de los servicios básicos como por ejemplo la electricidad, los desahucios y un catastrófico etcétera, son la expresión más acabada del desastre económico y social que las medidas del gobierno Rajoy está llevando a los trabajadores y a los más pobres. Y todo ello para salvar y aumentar los beneficios de los grandes capitalistas. Rajoy no para de decir que salimos de la crisis; sí, es verdad, pero para los capitalistas. Para los trabajadores y la mayoría de la sociedad el empobrecimiento, la miseria y hasta el hambre está siendo un desastre de proporciones nunca vistas en los últimos 40 años. Y en este momento crucial de crisis se añade, el nacionalismo catalán.

La “ruptura democrática”, el “proceso constituyente”, la elección entre república y monarquía, aparecen como solución a la crisis política, esta vez para tratar de pasar de una “democracia limitada o de baja intensidad” dominada por “la casta” a una democracia superior, participativa y social. Sin embargo no debemos olvidar que es la crisis del capitalismo, su colapso, el que ha puesto en el orden del día la crisis política de la monarquía parlamentaria. A través de esta crisis en el régimen político se esconde el terremoto interior de la crisis histórica del sistema capitalista.

En la Transición se dio el mismo problema, el mismo engaño, las mismas trampas. Democracia y libertad son palabras que a fuerza de utilizarlas pueden perder su verdadero sentido y más cuando desde el poder político, desde el rey hasta los neofranquistas, desde los burgueses hasta los burócratas sindicalistas, las utilizan para su propio interés. Así en los años de la Transición Santiago Carrillo explicaba que en esos momentos la contradicción no estaba entre monarquía y república, sino entre democracia y dictadura. Adolfo Suárez, el franquista reconvertido en demócrata y loado hasta la saciedad por los medios de comunicación en ocasión de su fallecimiento, se llenaba la boca de democracia, de paz y de libertad, mientras se perdían derechos laborales.

En los momentos actuales de crisis, reforzar y mantener el aparato de Estado de la burguesía es vital y tiene varias alternativas. Los socialistas están proponiendo la reforma de la Constitución. El PP mantiene la situación a machamartillo. IU, Podemos, y otros proponen un “proceso constituyente”. En todo caso, la movilización social será determinante para poder mejorar las posiciones de clase del mundo del trabajo. Y se avanzará en la conciencia de clase, en la construcción de una organización de los trabajadores si se ofrece una alternativa trabajadora que imponga a la burguesía reivindicaciones sociales y obreras contra el paro, la precariedad, los bajos salarios, la vivienda etc.

Todo “proceso constituyente” que no vaya acompañado de reivindicaciones sociales y de los trabajadores en movilización será agua de borrajas, será vestir el Estado capitalista con seda, pero Estado capitalista se queda. Y el fondo del problema será la propiedad privada de los medios de producción. Apoyar cualquier avance en la democracia política significa para los comunistas mantener la lucha por la independencia de la clase trabajadora de las corrientes burguesas y pequeño burguesas y fomentar la lucha obrera. En esta situación la burguesía intentará de nuevo mantener su dominación a través de medios pacíficos o del garrote.

Ahora cuando Podemos, IU y otros grupos plantean un cambio político habría que realizar algunas preguntas: ¿A través de este cambio se avanzará hacia la abolición de la explotación capitalista o por el contrario dará la legitimidad y estabilidad necesaria para mantener el capitalismo?, ¿de qué dependerá?, ¿la clase trabajadora podrá imponer sus intereses?, ¿qué tipo de militantes, de partido obrero, sería necesario para acabar con el capitalismo?, ¿qué papel tendrían que tener los comunistas revolucionarios?

Los militantes que luchamos en el mundo del trabajo tenemos la responsabilidad de organizar la respuesta para ir introduciendo en las futuras movilizaciones, medidas inmediatas que frenen el paro y la precariedad, las condiciones de vida, etc. y medidas que permitan avanzar hacia el socialismo, que en el capitalismo son imposibles de realizar sin una movilización contundente de la clase trabajadora que permita la transición al socialismo, como son, por ejemplo el reparto del trabajo sin bajar los salarios, el control obrero de la producción y de la contabilidad de las empresas, expropiación sin indemnización de la banca y la creación de una banca pública.


La Transición 36 años después y la segunda Transición que se plantea, febrero de 2015

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