El ERE “socialmente sostenible” de Volkswagen

Volkswagen, a través del presidente de su junta directiva, M. Müller, anuncia eufemísticamente que los recortes de personal que se van a producir hasta 2020, se van a hacer “de forma socialmente sostenible”. La empresa prevé recortar 30.000 empleos hasta 2020 (23.000 en Alemania y 7.000 en Sudamérica, Argentina y Brasil fundamentalmente, aunque también pueden verse afectadas factorías de Norteamérica) con el fin de ahorrar 3.700 millones de euros anuales. Dicen que no habrá despidos forzosos en Alemania hasta 2025 y que se reducirá el personal con jubilaciones anticipadas o reducciones de jornada a los trabajadores de más edad, amortizando puestos de trabajo y reduciendo el trabajo temporal.

Müller habla de la necesidad que tiene la empresa de someterse a una“cura de adelgazamiento tras haber engordado en los años de prosperidad”. Y lo dice y se queda tan “panchos”.

Los recortes están motivados por el dieselgate que ha acelerado la transformación de la marca Volkswagen hacia el vehículo eléctrico y conectado, derivando su producción a motores eléctricos y sus correspondientes cajas automáticas, mucho más sencillas. A la misma vez, dicen que invertirán 3.500 millones para hacer más productivas las plantas de Alemania. En concreto, prevén mejorar la productividad de estas plantas alemanas hasta un 25%, buscando aumentar su margen operativo hasta el 4% para 2020.

La empresa habla de la futura creación de 9.000 puestos de trabajo a través de inversiones en tecnología de vehí- culos eléctricos y el propio comité de empresa asegura que no se cerrará ninguna planta en Alemania.

Hasta aquí la información oficial, aséptica y equidistante. En ningún momento se habla de ERE, de que sean los trabajadores los que vayan a pagar la millonaria indemnización que la empresa tiene que hacer frente por haber trucado los motores para evitar los límites de las emisiones contaminantes y que esto le suponga tener que pagar las reparaciones derivadas del escándalo y las posibles sanciones, que han sido cifradas en unos 18.200 millones de euros. Y, sobre todo, que como siempre, no quieren perder el margen de beneficios y que esto lo harán a costa de los trabajadores y de sus puestos de trabajo. ¡Hay que impedírselo!