Agricultores en pie de guerra

Desde hace semanas se han desarrollado manifestaciones de agricultores por todo el país. Las tractoradas y la destrucción pública de frutas y hortalizas han puesto de relieve el malestar del medio y pequeño agricultor por los precios que les imponen las multinacionales de las grandes superficies y los intermediarios. Los “precios de ruina” a los que son sometidos los productos agroalimentarios en origen, provoca que los agricultores y ganaderos salgan a protestar a la calle por la mala situación del campo en España.
Productos como la cebolla que en origen son pagados al agricultor a 0,20 céntimos por kilo, tienen un precio final de 1,44 euros, ocurre lo mismo con el kilo de mandarinas donde el agricultor cobra 0,32 céntimos y se vende en el supermercado a 1,44 euros. Precios que muchas veces son marcados de antemano y que no llegan a cubrir siquiera los gastos de producción.
Ante las movilizaciones el ministro de agricultura Luis Planas (PSOE) ha reconocido que el problema está en la cadena agroalimentaria y ha anunciado que se reunirá próximamente con responsable de firmas como Mercadona, Carrefour, DIA y Alcampo para hablar. Además, ha recalcado que les pedirá que pongan fin a la venta a pérdidas, bajadas de precio que sirven de reclamo a los compradores.
Estas protestas coinciden con el 35 aniversario de la ley de Reforma Agraria en Andalucía. Como todos sabemos la lucha por la tierra, “la tierra pa’l que la trabaja” ha sido reivindicación centenaria del campo andaluz y de todo el país dada la estructura agraria de la propiedad de la tierra en manos, en su mayoría, de los grandes terratenientes. Esa estructura no ha cambiado, se ha transformado en un mercado empresarial capitalista con los mismos o similares dueños.
En España de las tierras agrícolas, el 21,3% de la superficie terrestre, casi el 70% pertenece a personas físicas; el 7,43%, a entidades públicas; el 11,14%, a sociedades mercantiles; el 2,61% a sociedades cooperativas; y el resto está registrada con otras condiciones jurídicas. Y la propiedad latifundista (más de 500 hectáreas) acapara el 17,62% de la superficie pero tan solo supone el 0,44% de las explotaciones.
En total, 1.162 personas tienen explotaciones de más de 500 hectáreas y 181 personas físicas son las representantes del latifundismo clásico español con explotaciones de más de 1.000 hectáreas.
La titularidad de gran parte de latifundios figura a nombre de sociedades mercantiles, que es la única titularidad que aumenta –la disminución de titulares más significativa se produjo entre las personas físicas, con 693.974 explotaciones menos (-43,22%). Empresarios y banqueros que han visto la tierra como un activo de especulación para sus negocios. Un ejemplo: Juan Abelló, que concentra 40.000 hectáreas de tierra; la Casa de Alba, que dispone de 34.000 y obtiene 2,9 millones de euros en subvenciones de la PAC; y Samuel Flores y familia, que en los últimos años han acumulado 23.000 hectáreas y reciben 1,25 millones de euros de la PAC. La familia Botín, Osuna , Domeq etc., tampoco faltan.
En estas movilizaciones no se habla de la mano de obra, las jornaleras y jornaleros, mano de obra sobre explotada con salarios de miseria y con una proporción de emigrantes que ha permitido ganar dinero a los grandes y medianos empresarios, cadenas de distribución y grandes superficies.
La cadena agroalimentaria está controlada por los grandes capitalistas que mantienen y aumentan sus beneficios a costa de la plusvalía generada por el trabajo a pie de tierra, es decir, el jornalero y el pequeño agricultor. Y como constatamos la Reforma agraria en Andalucía no ha sido más que la herramienta para convertir al antiguo terrateniente latifundista en empresario capitalista.
Se podrán arbitrar medidas de control de precios en origen o equilibrar los beneficios en la cadena alimentaria, pero solo habrá una solución definitiva cuando la tierra pase a ser propiedad de la sociedad, se planifique racionalmente la producción y el Estado asuma la distribución y el control de las empresas agrícolas, distribuidoras y grandes superficies.
1. Informe Anual de Indicadores: Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

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