La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ofreció una rueda de prensa vergonzosa dónde explicó que van a aumentar el control y las sanciones a aquellos desempleados que rechacen ofertas de empleo y contra los “falsos” parados que cobran prestaciones que no les corresponden. Para ello preparan una nueva ley de forma que si un desempleado rechaza una vez una oferta de trabajo, sea esta la que sea, será considerado “infracción grave”; si rechaza una segunda vez se le suspende la prestación por tres meses y si aún hay una negativa por tercera vez se le anula toda la prestación.
Lo peor, si cabe, fue el falseamiento de datos ofrecido; según la vicepresidenta existen en España 520.572 “falsos parados” que cobran prestaciones al mismo tiempo que trabajan “en negro”. Esta cifra luego ha sido matizada por el propio Ministerio de Empleo, lo cual no ha llevado a Santamaría a disculparse por tremenda afirmación.
Pues mejor les iría si tuvieran tanto rigor en sus propias filas, en su propia casa.